Por Ali Brahim Mohamed /ECS
Rabat (ECS). – Naama Asfari, un destacado activista saharaui y defensor de los derechos humanos, se encuentra encarcelado ilegalmente, desde el pasado 7 de noviembre de 2010, en una prisión marroquí. Está privado de sus derechos de utilizar el teléfono de la prisión para comunicarse con su familia, de la atención médica y de las visitas.
La familia del político informó a este medio (ECSAHARAUI) que fue sorprendida hoy por la decisión injustificable de impedirle hablar por teléfono sin dar la más mínima explicación sobre esta decisión ilegal y arbitraria, que se enmarca dentro de la política marroquí de venganza contra la persona saharaui.
Es probable que la decisión de impedir a Naama Asfari utilizar el teléfono se deba a la entrevista que mantuvo recientemente con el diario francés L’Humanité, que a su vez enfrenta una denuncia judicial del régimen marroquí ante los tribunales franceses.
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Asfari informó a L’Humanité sobre las trágicas condiciones de los presos políticos saharauis del grupo Gdeim Izik, donde afirmó que el desafío al que se enfrentan actualmente en la presión es la depresión y la destrucción psicológica en la pequeña celda. Asfari denunció además que lleva más de dos años sin visitas familiares.
También reveló que a los 9 presos restantes del grupo Gdeim Izik en la prisión de Quentira no se les permite reunirse con otros presos, y enfatizó que sólo le dan cinco minutos para hablar por telefónico con su esposa, la francesa Claude Mangan.
En su entrevista, Asfari habló sobre la agresión contra su esposa, quien fue expulsada varias veces y se le impidió visitarlo, y el hostigamiento al que es sometida, el último de los cuales fue el ataque a su teléfono por parte de la inteligencia de ocupación marroquí a través del programa israelí de escuchas Pegasus.
Asfari fue secuestrado en El Aaiún, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, el 7 de noviembre de 2010, un día antes de que las autoridades marroquíes desmantelaran por la fuerza un campamento de protesta organizado por la sociedad civil saharaui en las afueras de la ciudad en Gdeim Izik. Fue acusado, junto con 24 de sus compañeros, de matar a varios auxiliares de policía que participaban en esta operación represiva, y fue condenado en 2013, tras un juicio injusto ante un tribunal militar, a 30 años de cárcel mientras que el resto de sus compañeros fueron condenados a períodos prolongados que van desde 20 años hasta cadena perpetua.