Ahmed Zain.
ECS. Madrid. | Escrutando el giro español por el que cedió ilegalmente el Sáhara Occidental a Marruecos, uno no puede sino preguntarse qué poderosa razón llevó a un partido político chantajeable por todos lados a romper con medio siglo de política de estado fuera de toda legalidad nacional e internacional. Y después de la tormenta, vino la calma; la férrea oposición del pleno espectro político español al giro dado por el PSOE se fue desvaneciendo hasta que cuatro meses después votaron definitivamente a favor. ¿Qué es lo que lleva a que el Parlamento español se contradiga votando en menos de un semestre? ¿Qué es lo que supo el Parlamento español en ese corto periodo de tiempo transcurrido entre una votación de rechazo y otra favorable? Es una respuesta que solo la Realpolitik puede ofrecer.
Las expectativas del conflicto juegan un papel crucial a la hora de que terceros países decidan o no tomar alguna acción política determinante, y verdaderamente, las expectativas son nulas dado el acusado debilitamiento y carencias de la diplomacia saharaui en comparación con la agresiva diplomacia marroquí. Esta debilidad o regresión la olieron bien aquellos estados que por cuestiones económicas, hacían un esforzado contorsionismo político-legal para adaptar su política exterior a sus intereses económicos en el Sáhara Occidental, y así lograr la tan ansiada simbiosis entre una aparente comercio exterior legal y respeto a las leyes internacionales. Por ello, aquellos países que pregonan su apoyo al enviado de la ONU al Sáhara Occidental y a una solución pacífica a la cuestión saharaui, hay que leerlos en clave de apoyo al statu quo porque les beneficia de algún modo u otro. En otras palabras; reproducir el pillaje colonial de los recursos del Sáhara Occidental mientras se apoya una solución en el marco de la ONU, que por cierto ya está dada y firmada desde hace tres décadas. Simplemente el hecho de no pedir la aplicación de la misma ante la deliberada dilación practicada por la fuerza ocupante reconocida por la ONU nos debería llamar la atención sobre las verdaderas intenciones de esta diplomacia declaratoria. Una diplomacia a su vez contradictoria practicada incluso por aquellos estados mal-llamados amigos del Sáhara Occidental (Rusia, Reino Unido, España, Francia y EE.UU) que, mientras apoyan la aplicación de las resoluciones de la ONU que exigen el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y la puesta en marcha de negociaciones, bloquean por otro lado de manera expeditiva cualquier oportunidad de solución ya que sus intereses económicos se verían afectados. El eterno conflicto de interés donde se encuentra enquistado el conflicto, pero que deja un mensaje enardecedor: la completa liberación del Sáhara Occidental depende únicamente de la lucha armada de los saharauis.
Previsible escenario:
En Moncloa parecen estar seguros ya de la decisión del TJUE, conocen bien el derecho internacional así como la lógica jurídica del conflicto saharaui, por esta misma razón maniobran a tiempo anticipándose a los acontecimientos ejecutando un nuevo contorsionismo político-legal, a saber, respaldando la tesis de la autonomía marroquí para marroquinidad del Sáhara Occidental (administración de facto) para poder continuar explotando ilegalmente los recursos saharauis y continuar sus acuerdos comerciales con Marruecos respecto al territorio saharaui. El Frente POLISARIO pondrá otra demanda y tocará esperar años para ver el fallo. Una vez desplegada esta táctica sobre el terreno, se cumplen con dos objetivos de sumo valor para Marruecos: dilación y obstaculización del proceso de paz.
Argelia, si bien desarrolla un castigo económico y diplomático a España a »fuego lento», no se esperan acciones contundentes. Está claro que tanto Madrid como Rabat dejaron que Washington se encargara de convencer a Argelia.
De lo dicho anteriormente se desprende que, más allá de las relaciones hispano-marroquíes caracterizadas por un continuo juego de sospechas y máscaras, España protege a toda costa sus pescadores del elevado daño económico que provocará la decisión del TJUE, por lo que teniendo en cuenta que la mayoría de pescadores españoles que faenan en las costas españolas son de Islas Canarias y Andalucía, donde el movimiento saharaui tiene gran alcance y fuertes lazos de solidaridad, sabiendo el daño que generaría en la economía española, el Frente POLISARIO podría llevar a cabo acciones institucionales con el gobierno español proponiendo privilegios económicos para una vez concluido el proceso de descolonización a cambio de que lo concluyan como Potencia Administradora, o al menos que no impidan su conclusión. Una propuesta similar fue ofrecida por el Frente POLISARIO en negociaciones con Marruecos en 2007.