Pese a los vaivenes discursivos y los disimulos en según qué foros, el giro en la política exterior española con respecto al Sáhara Occidental, impulsada por el presidente Pedro Sánchez, ejecutada por el ministro de Exteriores José Manuel Albares y decorada por el PSOE, ha sido uno de los puntos más negros y conflictivos de la legislatura, hasta el momento. Se ha llevado a cabo a sabiendas de que es una contradicción con la legalidad internacional, ha supuesto una degradación de las relaciones bilaterales con un socio de la talla de Argelia y los beneficios para el Estado español todavía están por conocer.

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La celebración de la RAN en las fechas señaladas tendrá lugar pocos días después, precisamente, del XVI Congreso del Frente Polisario que se celebrará desde el 13 al 17 de este mes de enero en los campamentos de población refugiada de Tinduf, Argelia.

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El PSOE parece haber dado el paso definitivo de asumir que el respeto a la legalidad internacional (pronto se conocerá la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la explotación de recursos naturales del Sáhara Occidental y sobre la marroquinidad del Sáhara, que podría volver a dejar al Gobierno español sin argumentos) y los compromisos morales e históricos con el pueblo saharaui no valen tanto como unas tranquilas relaciones bilaterales con Marruecos. El giro histórico perpetuado por Sánchez y Albares así lo atestigua.

Está por ver hasta qué punto el PSOE arrastra a su socio de Gobierno.

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