Madrid (ECS).- El TJUE dictaminó el pasado 4 de octubre una sentencia que pone fin a una década de expolio de recursos del pueblo saharaui sustentada por unos acuerdos ilegales e inmorales firmados por la UE con Marruecos, una fuerza de ocupación a un territorio No Autónomo pendiente de descolonización tras el abandono de España en 1975.
La sentencia del TJUE pone fin a un proceso que empezó en 2012 cuando el Frente Polisario reclamó la ilegalidad de la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, como así lo declaran los servicios jurídicos de la ONU a través del informe de Hans Corel en 2002. El Frente Polisario lleva a cabo la batalla jurídica no solo contra la UE, sino contra Marruecos, sus aliados entre gobiernos, empresas multinacionales y políticos alineados con las tesis expansionistas de Marruecos, no precisamente por ideología.
Durante años los actores implicados han llevado a cabo un vaivén de denuncias y recursos que han culminado con la aplastante victoria del pueblo saharaui, el triunfo del derecho internacional y ha arrasado la supuesta «marroquinidad del Sahara» propugnada por Marruecos y sus amigos. Un trabajo llevado a cabo por la diplomacia marroquí durante décadas en el que no se han escatimado medios ni praxis ni oficios, especialmente en la UE.
El TJUE ya había fallado la ilegalidad de los acuerdos de pesca y el acuerdo agrícola con Marruecos que incluyen el Sáhara Occidental en las sentencias de 2016, 2018 y 2021, esta última recurrida por la Comisión, el Consejo, España, Francia, Portugal, Hungría, La república Checa y cofradías marroquíes. Pero la relevancia de esta sentencia, que no admite recurso, viene a consolidar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, la representatividad del Frente Polisario como único interlocutor en representación del pueblo saharaui, y lo más importante, Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental al ser este un país distinto y separado de Marruecos.
El histórico fallo del TJUE en 2024 coloca a Marruecos en el punto de partida en 1975 cuando La Corte Internacional de Justicia de la Haya (CPI) ddeclaró que no hay vínculos de soberanía entre Marruecos y El Sáhara Occidental.
Esta sentencia adquiere su relevancia, también, por abrir un nuevo escenario en el que la UE tiene que reconstruir sus relaciones con los países de la zona, especialmente con Marruecos basadas en el escrupuloso respeto del derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y al derechos de los pueblos a la libre determinación como es el caso del pueblo saharaui.
Es evidente que una de las partes a las que afecta de manera directa este fallo es a España por su colaboración en el expolio de los recursos naturales en flagrante violación de sus obligaciones como potencia administradora del Sáhara occidental. España debe retomar el papel que le corresponde en el conflicto del Sahara Occidental y en base a la sentencia aplicar el derecho internacional en una nueva dinámica que debe empezar con el acatamiento de esta y las anteriores sentencias del TJUE , así como en sus relaciones con el pueblo saharaui a través de su único y legitimo representante el Frente Polisario.
Por su parte el Frente Polisario ya ha expresado en más de una ocasión su disposición a colaborar y a realizar acuerdos con empresas de los sectores agrícolas y pesqueros para que estos puedan beneficiarse de manera legal de los recursos del Sáhara Occidental en el marco del respeto al derecho internacional, puesto que este territorio es distinto y separado de Marruecos. Persistir en el expolio de los recursos naturales del pueblo saharaui de la mano de Marruecos supone persistir en el pillaje y la vulneración del derecho internacional y del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
