La voz del pueblo saharaui volvió a resonar en la sala de la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas, a través de la apasionada intervención de Melissa Mankaï, representante de la AARASD (Asociación de Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática) y de la LPPS, quienes recordaron a la comunidad internacional que el Sáhara Occidental sigue siendo la última colonia de África, aún bajo ocupación marroquí desde hace casi medio siglo.
Con un tono firme, la activista denunció “la negación persistente del derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia”, un derecho reconocido por la Carta de las Naciones Unidas y por más de cuarenta resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.
Acusó a Marruecos de llevar adelante “una política de colonización de población”, de represión sistemática contra los activistas saharauis y de saqueo ilegal de los recursos naturales de la región. Mankaï exhortó a la comunidad internacional a salir de la complacencia y a poner fin a “la hipocresía diplomática que permite al régimen del Majzén comprarse apoyos políticos”.
Asimismo, pidió a las Naciones Unidas reanudar sin demora el proceso de referéndum previsto en los Acuerdos de alto el fuego de 1991, paralizado desde hace décadas por la obstrucción de Rabat. La representante de la AARASD recordó también el papel fundamental de la Unión Africana, de la que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) es miembro fundador, y elogió la solidaridad inquebrantable de Argelia y de los pueblos africanos con la causa saharaui.
Subrayó que “mientras el Sáhara Occidental no sea libre, el sueño de una África completamente descolonizada seguirá inconcluso”. En su conclusión, Mankaï interpeló directamente a los Estados miembros:
“Ha llegado el momento de que la ONU asuma plenamente su responsabilidad histórica.
La cuestión del Sáhara Occidental no es un asunto regional, sino una prueba moral para todo el sistema multilateral.”
Este nuevo y vibrante llamamiento llega mientras Marruecos intensifica sus campañas de propaganda diplomática para intentar imponer una pseudo-‘autonomía’ bajo soberanía marroquí, una solución ilegal y contraria al derecho internacional, según los observadores presentes en la sesión.