El nuevo informe de Amnistía Internacional sobre la vigilancia en Marruecos dibuja un sistema mucho más amplio que Pegasus: seguimiento físico y digital, obtención de información privada, campañas de desprestigio, hostigamiento judicial y detenciones. Los activistas saharauis aparecen entre los colectivos especialmente señalados.
El informe de Amnistía Internacional publicado esta semana permite mirar el espionaje contra activistas saharauis desde una perspectiva mucho más amplia. Pegasus es solo una parte de un sistema en el que la vigilancia digital se combina con técnicas tradicionales de seguimiento, interceptación de comunicaciones, obtención de información privada, campañas de difamación y procesos judiciales contra quienes ejercen actividades políticas o de defensa de los derechos humanos.
La organización identifica a la Dirección General de Vigilancia del Territorio, la DGST marroquí, como responsable del despliegue de Pegasus en los casos analizados y documenta su utilización contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos entre 2017 y 2021, posiblemente durante más tiempo. Pero el informe insiste en que el programa de NSO Group no funciona de manera aislada: forma parte de un entramado mucho más extenso de vigilancia y control.
Ese sistema incluye desde ataques capaces de infectar un teléfono sin que la persona tenga que pulsar ningún enlace hasta la vigilancia física, la grabación clandestina de conversaciones, el seguimiento de movimientos y el acceso a datos privados. Amnistía señala que, en algunos casos, la información obtenida de esa manera reaparece posteriormente en medios afines al poder dentro de campañas destinadas a desacreditar públicamente a las personas vigiladas.
El siguiente paso puede ser judicial. El informe describe casos en los que la vigilancia y las campañas de desprestigio han ido acompañadas de detenciones, acusaciones penales y procesos que Amnistía considera injustos o construidos sobre cargos destinados a castigar actividades legítimas. Dentro de ese patrón, la organización señala expresamente a los activistas saharauis y a participantes en las protestas del Rif como colectivos especialmente perseguidos por actividades calificadas como amenazas para la seguridad interna del Estado.
En el Sáhara Occidental, Sahara Press Service destaca además varios casos concretos recogidos o relacionados con las investigaciones de Amnistía. Entre ellos aparece Aminatou Haidar, cuyos teléfonos fueron identificados anteriormente por el laboratorio de seguridad de la organización como infectados con Pegasus. También figura Claude Mangin, esposa del preso saharaui Naâma Asfari, cuyo teléfono fue objeto de vigilancia mientras se encontraba en Francia.
Ese último caso muestra otro de los aspectos que Amnistía considera especialmente preocupantes: la vigilancia transfronteriza. El sistema no se habría limitado a personas residentes en Marruecos o en el Sáhara Occidental, sino que alcanzó también a activistas, periodistas y personas vinculadas a ellos que vivían en países europeos.
SPS ha dedicado asimismo atención a la situación de los activistas saharauis en las ciudades ocupadas, donde recoge denuncias de vigilancia prolongada, detenciones, seguimiento de organizadores de protestas y dispersión de manifestaciones. La combinación de vigilancia física y digital, difamación y presión judicial genera, según Amnistía, un efecto que no termina en la persona directamente afectada, sino que alcanza a familiares, compañeros y redes profesionales.
Ahí reside probablemente la importancia principal del nuevo informe. No estamos ante una sucesión de casos aislados de espionaje, sino ante la descripción de un sistema en el que la información obtenida mediante vigilancia puede convertirse después en instrumento de presión pública, judicial y política.
Amnistía Internacional reclama el fin de la vigilancia ilegal contra periodistas y defensores de derechos humanos, investigaciones independientes sobre las operaciones de la DGST, responsabilidades para quienes hayan participado en abusos y reparación para las víctimas. También pide suspender la exportación a Marruecos de determinadas tecnologías invasivas de vigilancia mientras no existan garantías suficientes para impedir nuevos abusos.
Documento original: Amnesty International
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Fuente: Sahara Press Service (SPS)
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