La exministra española de Asuntos Exteriores sostiene que la desaparición de la MINURSO no supone reconocimiento alguno de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. En un análisis publicado en EL MUNDO, cuestiona la actuación de Washington, examina las razones de la satisfacción de Rabat y señala una incógnita que afecta directamente al Gobierno español: qué postura defendió durante las negociaciones del Consejo de Seguridad.

La desaparición de la MINURSO continúa provocando análisis sobre las consecuencias de las votaciones del Consejo de Seguridad del pasado 30 de octubre. Uno de los más significativos procede de Ana Palacio, ministra de Asuntos Exteriores de España entre 2002 y 2004, quien dedica su columna de este 7 de noviembre en EL MUNDO, titulada «Sáhara Occidental y límites del Consejo de Seguridad», a examinar los límites de la estrategia estadounidense, las expectativas de Marruecos y las consecuencias jurídicas de la retirada de Naciones Unidas del territorio. Su reflexión resulta especialmente relevante porque distingue entre los avances políticos que Rabat ha conseguido durante los últimos años y los límites que el derecho internacional sigue imponiendo a sus pretensiones de soberanía.

Palacio considera que Marruecos está presentando como una victoria política lo que, desde el punto de vista jurídico, no supone ningún reconocimiento de soberanía. La expiración del mandato de la MINURSO no modifica el estatuto internacional del Sáhara Occidental como territorio pendiente de descolonización, ni elimina las competencias de la Asamblea General. La exministra recuerda además que los once votos favorables al proyecto estadounidense no equivalían a once reconocimientos de soberanía marroquí. Varios países europeos dejaron expresamente clara esa distinción, incluso cuando respaldaron el texto presentado por Washington.

Una de las preguntas más interesantes del artículo es por qué Marruecos celebra la desaparición de una misión de Naciones Unidas que había acompañado buena parte de sus avances diplomáticos. Palacio plantea que Rabat podría considerar agotadas las posibilidades de obtener nuevas concesiones dentro del Consejo de Seguridad. La propuesta de autonomía de 2007 había ganado progresivamente protagonismo en las resoluciones, pero el reconocimiento internacional de la soberanía marroquí seguía encontrando obstáculos. Desde esa perspectiva, la desaparición de la MINURSO permitiría a Marruecos reforzar los hechos consumados y los reconocimientos bilaterales sin someterse a una renovación anual que mantenía abierta la cuestión jurídica del territorio. Se trata de una interpretación de la exministra, no de una decisión estratégica oficialmente reconocida por Rabat.

Otro aspecto destacado es su lectura de la actuación estadounidense. Palacio recuerda que Washington intentó transformar la MINURSO, reducir su componente militar y situar el plan marroquí de autonomía como única base de las negociaciones. Las objeciones de otros miembros del Consejo obligaron a modificar sucesivos borradores, pero no alteraron completamente la orientación del proyecto. Después del veto ruso, Estados Unidos tampoco facilitó la aprobación de una prórroga que conservara el mandato anterior. Sin afirmar que existiera un acuerdo previo entre las potencias, la exministra considera razonable examinar si Washington aceptó tácticamente la desaparición de una misión que no había conseguido transformar conforme a sus objetivos.

La reflexión adquiere una dimensión directamente española cuando Palacio aborda el papel de Madrid. Recuerda que España forma parte del Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, junto con Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, y que Pedro Sánchez modificó en 2022 la posición española al respaldar la propuesta marroquí de autonomía. Sin embargo, introduce una cuestión que sigue sin respuesta pública: qué postura defendió el Gobierno español durante las consultas que precedieron al fracaso del Consejo de Seguridad. La pregunta cobra especial importancia porque España, aunque no tenía voto en aquellas deliberaciones, forma parte del grupo diplomático que tradicionalmente participa en la preparación y el seguimiento de las iniciativas sobre el territorio.

Palacio observa además que Francia y Reino Unido, pese a su respaldo al proyecto estadounidense, expresaron preocupación por la pérdida de la misión y mantuvieron determinadas referencias al marco internacional. Esta distinción entre favorecer una propuesta política y preservar los mecanismos de Naciones Unidas permite examinar con mayor precisión las responsabilidades de cada país. En el caso español, el silencio sobre su actuación en aquellas consultas resulta particularmente significativo cuando el Gobierno mantiene una relación privilegiada con Marruecos y el Frente POLISARIO continúa reclamando una solución basada en el derecho de autodeterminación.

Pero el análisis de Ana Palacio va más allá de las votaciones sobre el Sáhara Occidental. La exministra sitúa lo ocurrido dentro de un problema creciente del sistema multilateral: la dificultad para mantener los mecanismos internacionales cuando las grandes potencias no consiguen imponer sus prioridades. El Consejo de Seguridad, concebido para gestionar crisis y facilitar soluciones negociadas, puede quedar paralizado precisamente cuando más necesaria resulta su intervención. La desaparición de la MINURSO constituye, desde esta perspectiva, un ejemplo de cómo una institución puede perder su capacidad de actuación sin que desaparezcan las obligaciones jurídicas que justificaron su creación.

Esa distinción entre el derecho y los instrumentos destinados a garantizarlo constituye una de las principales conclusiones de Palacio. El derecho de autodeterminación del pueblo saharaui permanece vigente, pero la retirada de la MINURSO elimina una presencia internacional que durante 35 años desempeñó funciones de observación y contención. El Sáhara Occidental continúa siendo un territorio pendiente de descolonización y el Frente POLISARIO sigue siendo parte del proceso político. Sin embargo, el debilitamiento de los mecanismos de Naciones Unidas aumenta la incertidumbre sobre cómo podrán hacerse efectivas las decisiones internacionales y evitarse nuevas tensiones sobre el terreno.

El artículo deja así una cuestión que va más allá de las discrepancias entre Washington y Moscú. Mientras Marruecos celebra el desenlace y Naciones Unidas afronta una situación inédita desde 1991, España sigue sin explicar públicamente qué defendió durante aquellas negociaciones y qué iniciativas está dispuesta a promover ahora. A pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, esa falta de claridad merece un lugar en el debate sobre la futura política exterior española. El próximo Gobierno tendrá que definir su posición ante una descolonización que continúa pendiente, aunque haya desaparecido uno de los principales instrumentos internacionales creados para resolverla.

La exministra española de Asuntos Exteriores sostiene que la desaparición de la MINURSO no supone reconocimiento alguno de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. En un análisis publicado en EL MUNDO, cuestiona la actuación de Washington, examina las razones de la satisfacción de Rabat y señala una incógnita que afecta directamente al Gobierno español: qué postura defendió durante las negociaciones del Consejo de Seguridad.

La desaparición de la MINURSO continúa provocando análisis sobre las consecuencias de las votaciones del Consejo de Seguridad del pasado 30 de octubre. Uno de los más significativos procede de Ana Palacio, ministra de Asuntos Exteriores de España entre 2002 y 2004, quien dedica su columna de este 7 de noviembre en EL MUNDO, titulada «Sáhara Occidental y límites del Consejo de Seguridad», a examinar los límites de la estrategia estadounidense, las expectativas de Marruecos y las consecuencias jurídicas de la retirada de Naciones Unidas del territorio. Su reflexión resulta especialmente relevante porque distingue entre los avances políticos que Rabat ha conseguido durante los últimos años y los límites que el derecho internacional sigue imponiendo a sus pretensiones de soberanía.

Palacio considera que Marruecos está presentando como una victoria política lo que, desde el punto de vista jurídico, no supone ningún reconocimiento de soberanía. La expiración del mandato de la MINURSO no modifica el estatuto internacional del Sáhara Occidental como territorio pendiente de descolonización, ni elimina las competencias de la Asamblea General. La exministra recuerda además que los once votos favorables al proyecto estadounidense no equivalían a once reconocimientos de soberanía marroquí. Varios países europeos dejaron expresamente clara esa distinción, incluso cuando respaldaron el texto presentado por Washington.

Una de las preguntas más interesantes del artículo es por qué Marruecos celebra la desaparición de una misión de Naciones Unidas que había acompañado buena parte de sus avances diplomáticos. Palacio plantea que Rabat podría considerar agotadas las posibilidades de obtener nuevas concesiones dentro del Consejo de Seguridad. La propuesta de autonomía de 2007 había ganado progresivamente protagonismo en las resoluciones, pero el reconocimiento internacional de la soberanía marroquí seguía encontrando obstáculos. Desde esa perspectiva, la desaparición de la MINURSO permitiría a Marruecos reforzar los hechos consumados y los reconocimientos bilaterales sin someterse a una renovación anual que mantenía abierta la cuestión jurídica del territorio. Se trata de una interpretación de la exministra, no de una decisión estratégica oficialmente reconocida por Rabat.

Otro aspecto destacado es su lectura de la actuación estadounidense. Palacio recuerda que Washington intentó transformar la MINURSO, reducir su componente militar y situar el plan marroquí de autonomía como única base de las negociaciones. Las objeciones de otros miembros del Consejo obligaron a modificar sucesivos borradores, pero no alteraron completamente la orientación del proyecto. Después del veto ruso, Estados Unidos tampoco facilitó la aprobación de una prórroga que conservara el mandato anterior. Sin afirmar que existiera un acuerdo previo entre las potencias, la exministra considera razonable examinar si Washington aceptó tácticamente la desaparición de una misión que no había conseguido transformar conforme a sus objetivos.

La reflexión adquiere una dimensión directamente española cuando Palacio aborda el papel de Madrid. Recuerda que España forma parte del Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, junto con Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, y que Pedro Sánchez modificó en 2022 la posición española al respaldar la propuesta marroquí de autonomía. Sin embargo, introduce una cuestión que sigue sin respuesta pública: qué postura defendió el Gobierno español durante las consultas que precedieron al fracaso del Consejo de Seguridad. La pregunta cobra especial importancia porque España, aunque no tenía voto en aquellas deliberaciones, forma parte del grupo diplomático que tradicionalmente participa en la preparación y el seguimiento de las iniciativas sobre el territorio.

Palacio observa además que Francia y Reino Unido, pese a su respaldo al proyecto estadounidense, expresaron preocupación por la pérdida de la misión y mantuvieron determinadas referencias al marco internacional. Esta distinción entre favorecer una propuesta política y preservar los mecanismos de Naciones Unidas permite examinar con mayor precisión las responsabilidades de cada país. En el caso español, el silencio sobre su actuación en aquellas consultas resulta particularmente significativo cuando el Gobierno mantiene una relación privilegiada con Marruecos y el Frente POLISARIO continúa reclamando una solución basada en el derecho de autodeterminación.

Pero el análisis de Ana Palacio va más allá de las votaciones sobre el Sáhara Occidental. La exministra sitúa lo ocurrido dentro de un problema creciente del sistema multilateral: la dificultad para mantener los mecanismos internacionales cuando las grandes potencias no consiguen imponer sus prioridades. El Consejo de Seguridad, concebido para gestionar crisis y facilitar soluciones negociadas, puede quedar paralizado precisamente cuando más necesaria resulta su intervención. La desaparición de la MINURSO constituye, desde esta perspectiva, un ejemplo de cómo una institución puede perder su capacidad de actuación sin que desaparezcan las obligaciones jurídicas que justificaron su creación.

Esa distinción entre el derecho y los instrumentos destinados a garantizarlo constituye una de las principales conclusiones de Palacio. El derecho de autodeterminación del pueblo saharaui permanece vigente, pero la retirada de la MINURSO elimina una presencia internacional que durante 35 años desempeñó funciones de observación y contención. El Sáhara Occidental continúa siendo un territorio pendiente de descolonización y el Frente POLISARIO sigue siendo parte del proceso político. Sin embargo, el debilitamiento de los mecanismos de Naciones Unidas aumenta la incertidumbre sobre cómo podrán hacerse efectivas las decisiones internacionales y evitarse nuevas tensiones sobre el terreno.

El artículo deja así una cuestión que va más allá de las discrepancias entre Washington y Moscú. Mientras Marruecos celebra el desenlace y Naciones Unidas afronta una situación inédita desde 1991, España sigue sin explicar públicamente qué defendió durante aquellas negociaciones y qué iniciativas está dispuesta a promover ahora. A pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, esa falta de claridad merece un lugar en el debate sobre la futura política exterior española. El próximo Gobierno tendrá que definir su posición ante una descolonización que continúa pendiente, aunque haya desaparecido uno de los principales instrumentos internacionales creados para resolverla.

FUENTES

• Ana Palacio, «Sáhara Occidental y límites del Consejo de Seguridad», EL MUNDO, 7 de noviembre de 2026.

• Ana Palacio, «Poder y Derecho en el Sáhara Occidental» – Política Exterior

MÁS INFORMACIÓN

• Sáhara Occidental | 51 años después, España sigue mirando a otro lado – NOTEOLVIDES