Pedro Sánchez y Brahim Ghali representan dos posiciones enfrentadas sobre el futuro del Sáhara Occidental. Pero la cuestión va más allá de sus diferencias: ¿qué relación mantiene España con el Frente POLISARIO, representante del pueblo saharaui, medio siglo después de abandonar el territorio? ¿Y qué posición asumirá el Gobierno que salga de las próximas elecciones?

Han pasado 51 años desde que España abandonó el Sáhara Occidental sin completar su descolonización. Desde entonces se han sucedido gobiernos, compromisos internacionales y declaraciones de buenas intenciones, pero el pueblo saharaui sigue sin ejercer su derecho a decidir libremente su futuro. La responsabilidad española no pertenece únicamente a los libros de historia. También se mide por sus decisiones actuales y por la relación que mantiene con quienes representan las reivindicaciones saharauis. Una relación que debería ocupar un lugar central en la política exterior española y que permanece condicionada por las prioridades de Madrid en sus relaciones con Marruecos.

El contraste entre Pedro Sánchez y Brahim Ghali permite comprender esa distancia política. En 2022, el Gobierno español respaldó la propuesta marroquí de autonomía como la base más seria, creíble y realista para resolver la cuestión saharaui. El Frente POLISARIO respondió suspendiendo sus contactos con el Ejecutivo español. Cuatro años después, Ghali continúa reclamando la autodeterminación y cuestionando abiertamente la posición de Madrid. España afirma apoyar una solución negociada bajo los auspicios de Naciones Unidas, pero resulta difícil entender cómo pretende contribuir a ella si su política sigue privilegiando la propuesta de Marruecos frente a las reivindicaciones de la otra parte.

La desaparición de la MINURSO añade una nueva dimensión a esta contradicción. España forma parte del Grupo de Amigos del Sáhara Occidental y mantiene vínculos históricos que deberían traducirse en una implicación diplomática más visible. Entretanto, cuestiones como la nacionalidad española de los saharauis, los acuerdos económicos con Marruecos o la autorización de vuelos a Dajla demuestran que el Sáhara Occidental sigue presente en las decisiones españolas, aunque raramente ocupe el centro del debate político. La solidaridad ciudadana contrasta con una política institucional que continúa sin ofrecer respuestas suficientes.

Las elecciones generales del 29 de noviembre abren ahora una oportunidad para exigir claridad. El próximo Gobierno español, sea cual sea su composición, tendrá que decidir si mantiene la posición adoptada en 2022, qué relación establece con el Frente POLISARIO y qué iniciativas está dispuesto a promover ante Naciones Unidas. También los partidos que aspiran a gobernar deberían explicar sus compromisos, más allá de criticar o defender las decisiones de Pedro Sánchez. Porque el problema no es únicamente lo que España hizo en 1975, sino lo que decida hacer después de estas elecciones. Cincuenta y un años después, seguir mirando hacia otro lado también sería una decisión política.

España no puede deshacer lo que ocurrió en 1975. Pero sí puede dejar de mirar hacia otro lado en 2026. El olvido no es una solución y el paso del tiempo no convierte una descolonización pendiente en un problema resuelto.

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