La decisión de abogados saharauis de llevar a los tribunales la exclusión de los solicitantes de apatridia del proceso de regularización en España abre un nuevo escenario. El conflicto, que hasta ahora se movía en el ámbito político y administrativo, entra en una fase jurídica con implicaciones que pueden ir más allá del propio decreto.

No se trata solo de una reclamación puntual. La estrategia pasa por presentar solicitudes de regularización que previsiblemente serán denegadas, para recurrir esas decisiones ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Este paso es clave: permite trasladar el debate a un terreno donde lo determinante ya no es la oportunidad política, sino la legalidad de la medida.

De los juzgados a las instancias superiores

En un primer momento, los recursos se presentarían ante juzgados de lo contencioso-administrativo. Sin embargo, el recorrido no termina ahí. Si las resoluciones iniciales no dan la razón a los demandantes, los casos podrían escalar hasta el Tribunal Supremo.

Incluso existe la posibilidad de que el conflicto llegue al Tribunal Constitucional, si se argumenta que la exclusión de los solicitantes de apatridia vulnera derechos fundamentales, como el principio de igualdad o el derecho a la tutela judicial efectiva.

El punto central: ¿existe discriminación?

La clave jurídica del caso está en determinar si la exclusión de los apátridas —y, en la práctica, de los saharauis— constituye un trato discriminatorio respecto a otros colectivos que sí pueden acogerse a la regularización extraordinaria.

Aquí entra en juego un elemento relevante: los solicitantes de apatridia no son un grupo homogéneo cualquiera. En España, la gran mayoría son saharauis, lo que introduce un componente específico que podría ser determinante en la valoración judicial.

Un problema estructural: la espera sin derechos

Más allá del decreto, el caso pone sobre la mesa un problema de fondo. Los procedimientos de reconocimiento de la apatridia pueden prolongarse durante años, tiempo en el que las personas afectadas permanecen en un limbo jurídico, sin acceso pleno a derechos básicos.

Este elemento puede ser clave en los tribunales, ya que refuerza el argumento de que la exclusión de la regularización no es neutra, sino que tiene efectos concretos y desproporcionados sobre un colectivo específico.

Un debate que puede ir más allá de España

Aunque el proceso se inicie en los tribunales españoles, no es descartable que el caso termine conectando con instancias europeas si se plantean cuestiones relacionadas con el derecho comunitario o la protección de derechos fundamentales.

En ese escenario, el conflicto dejaría de ser únicamente nacional para situarse en un marco jurídico más amplio.

Un cambio de fase

La decisión de acudir a los tribunales no es solo una reacción puntual. Es el indicio de que el debate sobre la apatridia saharaui en España ha entrado en una nueva fase.

Una fase en la que las respuestas ya no dependerán únicamente de decisiones políticas, sino de la interpretación de los tribunales.

Victoria G. Corera
Plataforma NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL