La cuestión de la apatridia saharaui entra en una nueva fase. Hoy, 20 de abril de 2026, una asociación de abogados saharauis ha advertido que recurrirá a los tribunales si el Gobierno español deniega la regularización a solicitantes saharauis en situación de apatridia. La advertencia, recogida por Europa Press, introduce un elemento nuevo en el debate: el paso del terreno político al judicial.

Según la información difundida, los juristas consideran que excluir a los saharauis del proceso extraordinario de regularización supondría un agravio comparativo respecto a otros colectivos. A su juicio, los solicitantes saharauis presentan características específicas —derivadas de su situación histórica y jurídica— que obligan a un tratamiento diferenciado. En caso de denegación, anuncian que acudirán a los tribunales para defender sus derechos.

Pero lo relevante no es únicamente el conflicto administrativo que se plantea. Lo que está en juego es algo más profundo: la persistencia de una anomalía jurídica que España arrastra desde 1975. Los saharauis no son un colectivo migrante más. Proceden de un territorio que sigue figurando en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas, pendiente de descolonización, y mantienen un vínculo jurídico singular con el Estado español.

Esa realidad tiene consecuencias concretas. La apatridia que afecta a parte de la población saharaui no es una situación casual ni sobrevenida, sino el resultado directo de un proceso de descolonización inacabado. Durante décadas, España ha tratado esta cuestión como un problema administrativo o migratorio, evitando abordar su dimensión jurídica de fondo. Sin embargo, cada vez resulta más difícil sostener esa separación.

El posible rechazo de solicitudes de regularización en este contexto no sería solo una decisión técnica. Implicaría, en la práctica, ignorar las particularidades jurídicas del pueblo saharaui y su relación con España. Y, en consecuencia, abriría la puerta a un escenario de litigio en el que estas cuestiones podrían ser examinadas por los tribunales.

La advertencia de los abogados saharauis apunta precisamente en esa dirección. Si el Gobierno opta por una interpretación restrictiva, el debate ya no se limitará a la política migratoria, sino que se trasladará al ámbito judicial, donde la apatridia saharaui podría ser analizada en relación con el derecho internacional y las obligaciones del Estado.

El Sáhara Occidental vuelve así a aparecer, una vez más, en un lugar incómodo para las instituciones españolas: el punto en el que la gestión práctica choca con una realidad jurídica que sigue sin resolverse.