Hoy, 20 de abril de 2026, una iniciativa parlamentaria en España ha vuelto a situar en el centro del debate una cuestión que la Unión Europea lleva años intentando esquivar: la legalidad de los acuerdos comerciales aplicados al Sáhara Occidental.

Una Proposición no de Ley presentada por el Grupo Popular en el Congreso cuestiona directamente el acuerdo comercial entre la UE y Marruecos por incluir al Sáhara Occidental sin el consentimiento de su pueblo, una exigencia reiterada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus sentencias más recientes. La proposición no de ley salió adelante en la Comisión Mixta para la UE con 18 votos a favor, los del Partido Popular, dos abstenciones, y 15 en contra, entre ellos los del Grupo Socialista.

El texto no deja lugar a ambigüedades en este punto. Reconoce que el Sáhara Occidental tiene un estatuto “separado y distinto” de Marruecos, y que cualquier acuerdo que afecte a sus recursos requiere el consentimiento del pueblo saharaui. Es, en esencia, la base jurídica que durante años han intentado diluir tanto las instituciones europeas como varios gobiernos.

Sin embargo, el interés principal de la iniciativa no es tanto jurídico como económico. El documento pone el acento en la competencia que suponen las importaciones agrícolas marroquíes para el campo español, señalando problemas de trazabilidad, etiquetado y condiciones de producción. Es decir, el respeto al derecho internacional aparece aquí vinculado a la defensa de intereses sectoriales.

Aun así, el contenido tiene un valor político relevante. No es habitual que un texto parlamentario en España recoja de forma tan explícita la doctrina del TJUE sobre el Sáhara Occidental. Y menos aún que se plantee la suspensión de un acuerdo por carecer del consentimiento del pueblo saharaui.

El documento también apunta a otro aspecto clave: la falta de transparencia en la aprobación del acuerdo por parte de la Unión Europea. Según la iniciativa, el procedimiento habría limitado el control democrático del Parlamento Europeo, lo que refuerza la idea de que estos acuerdos se construyen más desde la lógica política que desde el respeto al derecho.

En este contexto, lo significativo no es solo lo que dice la propuesta, sino lo que revela: incluso dentro de marcos políticos que no han sido tradicionalmente centrales en la defensa del pueblo saharaui, la base jurídica del conflicto resulta cada vez más difícil de ignorar.

Porque, más allá de las posiciones políticas, el núcleo sigue siendo el mismo: el Sáhara Occidental continúa siendo un territorio pendiente de descolonización, y ningún acuerdo comercial puede sustituir el derecho de su pueblo a decidir.

Lo relevante, en todo caso, no es quién presenta la iniciativa, sino lo que evidencia: que la base jurídica del conflicto ya no puede ser ignorada sin coste político. El Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización, y cualquier intento de normalizar su explotación económica sin el consentimiento de su pueblo choca, una y otra vez, con el Derecho Internacional.