El martes 10 de noviembre, Naciones Unidas debatirá el veto que impidió renovar la MINURSO. La misión desaparece, pero el derecho de autodeterminación sigue vigente. La cuestión ya no es únicamente qué ocurrió en el Consejo de Seguridad, sino qué está dispuesta a hacer la comunidad internacional y qué posición defenderá España.

La Asamblea General de Naciones Unidas volverá a debatir el Sáhara Occidental este martes, después de que el Consejo de Seguridad fuera incapaz de renovar el mandato de la MINURSO. La misión creada en 1991 para acompañar el referéndum de autodeterminación termina sus actividades sin haber cumplido su objetivo. Treinta y cinco años después, desaparece el instrumento internacional que debía facilitar una solución, mientras permanece intacta la cuestión que justificó su creación.

La sesión, convocada conforme a la resolución 76/262, examinará el uso del veto en el Consejo de Seguridad. No será una votación sobre la independencia del Sáhara Occidental ni una decisión automática sobre el futuro del territorio. Pero permitirá que la discusión salga del círculo de quince Estados que integran el Consejo y llegue al conjunto de la Asamblea General, donde la descolonización conserva una dimensión política y jurídica que no puede reducirse a las negociaciones entre grandes potencias.

La desaparición de la MINURSO deja un vacío que va más allá de su fracaso histórico. Se retiran observadores, mecanismos de comunicación y estructuras que, pese a sus limitaciones, contribuían a vigilar una situación militar deteriorada desde la reanudación de las hostilidades en noviembre de 2020. La misión nunca contó con competencias para supervisar los derechos humanos, pero su desaparición tampoco puede servir de pretexto para que la comunidad internacional renuncie a proteger a la población saharaui.

Hay una realidad que ninguna votación del Consejo de Seguridad puede modificar: el Sáhara Occidental continúa inscrito entre los territorios no autónomos de Naciones Unidas y el pueblo saharaui mantiene su derecho a la autodeterminación. La Asamblea General no puede sustituir por sí sola todos los mecanismos desaparecidos, pero tampoco debería limitarse a constatar el bloqueo. Reconocer un derecho exige mantener abierta la posibilidad real de ejercerlo.

España tiene una responsabilidad particular ante esta nueva situación. El Gobierno de Pedro Sánchez, que en 2022 respaldó la propuesta marroquí de autonomía, todavía debe explicar qué consecuencias políticas extrae del final de la MINURSO y qué posición defenderá ahora en Naciones Unidas. Haber sido la potencia colonial del territorio y participar en el Grupo de Amigos del Sáhara Occidental hace especialmente difícil justificar el silencio cuando se desmantela la misión creada para organizar la consulta que nunca llegó a celebrarse.

El martes no se decidirá la independencia del Sáhara Occidental. Se pondrá a prueba algo igualmente importante: la disposición de Naciones Unidas a mantener viva una descolonización pendiente y a buscar instrumentos que permitan hacer efectivo el derecho de autodeterminación. Porque reconocer un derecho mientras desaparecen los mecanismos para ejercerlo no puede convertirse en la respuesta definitiva de la comunidad internacional.

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