2025 ha confirmado que la cuestión del Sáhara Occidental no es un problema jurídico sin resolver, sino un problema político que muchos actores europeos prefieren no afrontar. El marco legal sigue siendo claro y estable, pero la voluntad política para aplicarlo ha vuelto a quedar en entredicho. La Unión Europea ha transitado el año atrapada entre su discurso normativo y una práctica marcada por la comodidad, el cálculo y la externalización de responsabilidades hacia Marruecos.

La Comisión Europea ha desempeñado un papel central en esta deriva. Lejos de asumir las consecuencias políticas de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha optado por una estrategia de contención: mantener los acuerdos con Marruecos a cualquier precio y gestionar el conflicto saharaui como un asunto técnico. El intento de resolver una cuestión colonial mediante ajustes administrativos —como el etiquetado de productos del Sáhara Occidental— no ha sido un error aislado, sino la expresión de una decisión política consciente: evitar el choque con Rabat incluso si ello implica vaciar de contenido el derecho europeo.

El Parlamento Europeo, por su parte, ha funcionado como espejo de esas contradicciones. Las divisiones internas, especialmente visibles entre los eurodiputados españoles, no responden tanto a desacuerdos jurídicos como a distintas lecturas del coste político de enfrentarse a Marruecos. En 2025, el Sáhara Occidental ha vuelto a ser tratado como una cuestión incómoda que conviene gestionar en los márgenes, bloqueando decisiones por diferencias mínimas de votos y confiando en que el desgaste del tiempo haga el resto.

Esta dinámica revela una lógica más profunda. Para una parte de la Unión Europea, Marruecos se ha convertido en un socio demasiado útil para ser cuestionado: control migratorio, cooperación en seguridad, estabilidad regional, intereses económicos. En ese contexto, el Sáhara Occidental aparece como un daño colateral asumible. No se niega abiertamente el derecho del pueblo saharaui, pero se diluye en procedimientos, se posterga en debates interminables y se neutraliza mediante un lenguaje que habla de “equilibrios” y “realismo”.

Sin embargo, 2025 también ha mostrado los límites de esa política de evasión. Cada intento de normalizar la ocupación ha generado más fricción, más contestación social y más evidencias de que el conflicto no se deja encerrar en un expediente administrativo. Las críticas procedentes de sectores económicos europeos, las movilizaciones solidarias y la persistencia del Frente Polisario como interlocutor político han recordado que el Sáhara Occidental no es un asunto resuelto ni gestionable sin consecuencias.

El balance político del año es, por tanto, incómodo para Europa. Al renunciar a una posición coherente, la Unión Europea no ha ganado estabilidad, sino dependencia. No ha ganado credibilidad, sino silencio forzado. Y no ha contribuido a una solución, sino a prolongar un conflicto cuya raíz sigue siendo la misma desde hace décadas: la negativa a asumir que el Sáhara Occidental es una cuestión de descolonización y que ningún socio estratégico puede estar por encima de ese principio.

Victoria G. Corera

PLATAFORMA «NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL»