Bruselas vuelve a mirar hacia Rabat, y no precisamente para corregir un error, sino para repetirlo. Apenas un año después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anulara el acuerdo de pesca con Marruecos por aplicarse al Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui, la Comisión Europea ha iniciado los pasos para negociar un nuevo convenio. El comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, lo ha anunciado con una ligereza que contrasta con la contundencia del fallo judicial de octubre de 2024, que declaró nulo el anterior acuerdo por violar el derecho a la autodeterminación y la distinción territorial entre Marruecos y el Sáhara Occidental.

Detrás de esta maniobra, presentada como un intento de “recomponer relaciones estratégicas” con Rabat, se esconde una peligrosa rendición política. En lugar de cumplir y hacer cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia, la Comisión parece decidida a buscar nuevos subterfugios jurídicos para seguir explotando recursos que no pertenecen ni a Marruecos ni a la Unión Europea. La jurisprudencia es inequívoca: el Sáhara Occidental es un territorio distinto y separado, pendiente de descolonización, y su pueblo —representado por el Frente Polisario— debe dar su consentimiento previo a cualquier acuerdo que afecte a sus aguas y recursos.

El anuncio llega en un contexto de creciente presión diplomática de Rabat y de preocupante complacencia europea. Marruecos, que en los últimos meses ha reforzado su cooperación pesquera con Rusia, utiliza la carta del chantaje económico y migratorio para torcer la voluntad política de Bruselas. Europa, en lugar de exigir respeto al derecho internacional, cede terreno y pone en riesgo su propia credibilidad como actor jurídico. Reabrir una negociación sin el aval del pueblo saharaui no es una simple torpeza administrativa: es un desafío directo a la justicia europea y una forma de legitimar la ocupación.

El Frente Polisario ha sido claro: cualquier acuerdo que incluya las aguas del Sáhara Occidental sin su consentimiento será ilegal y recurrido ante los tribunales. “No es un asunto técnico ni pesquero, sino de soberanía”, ha recordado Oubi Bachir Bouchraya, representante del Polisario para Europa. También en España, varias formaciones políticas exigen al Gobierno que condicione su posición al respeto estricto de las sentencias. “No se puede volver a mirar hacia otro lado. El acuerdo debe ajustarse plenamente al derecho internacional”, advirtió en el Congreso el diputado de Sumar Agustín Santos Maraver.

Europa se enfrenta hoy a una disyuntiva moral y jurídica: puede obedecer a los dictados del Majzén o a los principios que fundaron la Unión. Reabrir la negociación pesquera con Marruecos sin excluir las aguas saharauis sería, una vez más, elegir la hipocresía sobre el derecho. Y el precio no lo pagará solo el pueblo saharaui: lo pagará también una Europa que renuncia a su legalidad por conveniencia política.