La protesta denunció lo que los participantes describieron como “el papel decisivo y negativo de la Unión Europea en la explotación ilegal de los recursos naturales del Sáhara Occidental”, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Los manifestantes ondearon banderas y pancartas saharauis condenando la firma de un nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos, que calificaron de “ilegal” porque incluye el territorio del Sáhara Occidental sin el consentimiento de su pueblo.

En su comunicado final, los participantes destacaron que el acuerdo se concluyó ignorando por completo las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictaminó el 4 de octubre de 2024 que “cualquier acuerdo que cubra el Sáhara Occidental debe basarse en el consentimiento del pueblo del territorio, ya que es la autoridad soberana”.

El comunicado añadió que la Comisión Europea “eludió deliberadamente estas resoluciones” a través de negociaciones secretas con Marruecos, llevadas a cabo “sin transparencia, a espaldas del Parlamento Europeo, de los ciudadanos europeos y, sobre todo, a espaldas del pueblo saharaui”.

También señaló que la Comisión optó, “sin ninguna justificación legal”, por aplicar provisionalmente el acuerdo, obligando al Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui, a recurrir una vez más a los tribunales europeos “para proteger los derechos inalienables del pueblo saharaui”.

El comunicado afirmó que «el saqueo ilegal llevado a cabo por Marruecos, con la necesaria colaboración de la Unión Europea, es la causa de graves violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental», como la ingeniería demográfica, la discriminación laboral y la eliminación cultural. Subrayó que este saqueo constituye un obstáculo directo al derecho innegociable del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia.»

Los manifestantes acusaron además a la Unión Europea de ir aún más lejos en la financiación de la ocupación mediante proyectos de infraestructura que solo sirven para consolidarla. El comunicado advirtió que tales acciones «complican la resolución del conflicto y hacen claramente a la Unión Europea cómplice del régimen de ocupación marroquí».

Más allá de los aspectos políticos y legales, el comunicado advirtió que el acuerdo también “causaría graves daños al sector agrícola europeo”, enfatizando que “la competencia ya no es simplemente injusta, sino que ahora se ha vuelto imposible”.

La comunidad saharaui concluyó su declaración reafirmando la continua resistencia del pueblo saharaui contra la ocupación “en los territorios ocupados, en los campos de refugiados y en todo el mundo”, pidiendo a la Unión Europea que adopte una política exterior coherente con los principios de los derechos humanos y el derecho internacional, en lugar de permitir que los intereses económicos los prevalezcan.

El desarrollo económico del Sáhara Occidental es posible y deseable, pero solo puede lograrse con el consentimiento de su pueblo. La soberanía de este territorio es innegociable, y ningún acuerdo internacional puede cambiar esta realidad ni negar la existencia del pueblo saharaui y sus derechos. (SPS)