EL PAÍS sostiene que los servicios de inteligencia españoles consideran que Marruecos permitió y utilizó la llegada masiva a Ceuta, pero que no la organizó. La SER añade que el CNI había dado «varios avisos» a Interior. Son informaciones que merecen atención, pero también muchas preguntas. Sobre todo porque empiezan a construir una explicación que descarga a Rabat de la responsabilidad más grave antes de que conozcamos las pruebas que permiten hacerlo.

Por Carlos C. García

No puedo demostrar que Marruecos organizara la llegada de decenas de miles de personas a los alrededores de Ceuta. Tampoco sé hasta dónde pudo llegar la intervención de sus servicios, de sus autoridades o de otros aparatos del Estado marroquí. Pero después de muchos años observando cómo actúa Rabat con España, con el Sáhara Occidental, con las fronteras y con la emigración, mi convicción es bastante clara: me cuesta muchísimo creer que Marruecos se limitara a descubrir una movilización espontánea de esas dimensiones y decidiera, únicamente cuando ya estaba en marcha, dejarla pasar y aprovecharla políticamente.

EL PAÍS publica este lunes que los servicios de inteligencia españoles han llegado precisamente a esa conclusión. Marruecos no habría organizado inicialmente la oleada, aunque sí habría reducido después la vigilancia, permitido el paso y utilizado lo ocurrido para volver a situar Ceuta y Melilla en su estrategia política. Puede ser exactamente así. El problema es que no conocemos las pruebas que permiten establecer con tanta claridad dónde terminó la supuesta espontaneidad y dónde comenzó la intervención del Estado marroquí.

No estamos hablando de unos centenares de personas que se acercaron inesperadamente a una frontera. Estamos hablando de decenas de miles de personas desplazándose hacia uno de los puntos más sensibles de la relación entre España y Marruecos. Para aceptar que todo comenzó al margen de Rabat tendríamos que aceptar también que una movilización de esas dimensiones pudo crecer, extenderse y aproximarse a Ceuta sin intervención alguna de unos aparatos de seguridad que conocen, vigilan y controlan muy de cerca lo que sucede en esa zona.

Eso necesita una explicación mucho más convincente que una filtración atribuida a los servicios de inteligencia.

Sabemos, además, que Marruecos tenía capacidad para impedirlo. La propia información de EL PAÍS recuerda antecedentes en los que las autoridades marroquíes sí actuaron para cortar movimientos similares. Esta vez ocurrió lo contrario: la vigilancia fue disminuyendo hasta que el paso quedó prácticamente abierto. Por tanto, incluso aceptando íntegramente la versión publicada, hay una responsabilidad política marroquí que resulta imposible esconder. Rabat sabía lo que estaba ocurriendo, podía intervenir y decidió no hacerlo.

Pero precisamente ahí aparece la pregunta que EL PAÍS parece resolver demasiado pronto. Si Marruecos conocía la concentración, disponía de medios para detenerla y terminó utilizándola en beneficio de sus reivindicaciones políticas, ¿qué permite asegurar que su intervención comenzó solamente al final? ¿Qué pruebas permiten descartar que aquella movilización fuera estimulada, amplificada o facilitada antes de llegar a la frontera?

No digo que tengamos pruebas para afirmar cómo se hizo. Digo que tampoco conocemos las pruebas que permiten afirmar que no se hizo.

La información de la Cadena SER añade todavía más incertidumbre. Según la emisora, el CNI había transmitido «varios avisos» a Interior durante las semanas anteriores. La palabra es importante: avisos. No conocemos informes públicos, documentos o alertas concretas que permitan saber qué se comunicó, cuándo se hizo y qué riesgo se estaba señalando exactamente. Además, Interior niega haber recibido esos avisos. Después de una catástrofe de esta magnitud empiezan, por tanto, a aparecer versiones contradictorias entre organismos del propio Estado sobre quién sabía qué y quién debía haber reaccionado.

No pongo en duda que EL PAÍS y la SER hayan recibido esas informaciones. Lo que pongo en duda es que debamos aceptar sin más el relato que transmiten las fuentes que las proporcionan. Una fuente anónima puede decir la verdad y puede aportar información muy valiosa, pero también puede defender intereses, descargar responsabilidades o intentar fijar una determinada interpretación de los hechos. Y en una crisis de esta gravedad parece razonable preguntarse a quién beneficia la versión que empieza a abrirse paso.

Porque esa versión resulta extraordinariamente cómoda para Marruecos. Rabat queda como responsable de haber dejado pasar a la multitud y de haber utilizado después la crisis, pero desaparece la posibilidad más grave: que hubiese participado también en su preparación. Se reconoce una actuación inaceptable, pero se descarta precisamente aquello que convertiría lo ocurrido en una operación deliberada de presión contra España.

También es una explicación cómoda para quienes, desde España, necesitan conservar intacta la relación política con Marruecos. Permite condenar lo sucedido sin llegar a acusar al régimen de Mohamed VI de haber impulsado una acción contra territorio español. Y permite seguir hablando de cooperación estratégica con Rabat después de que el propio presidente del Gobierno haya definido lo sucedido como una «violación» y un «ataque» contra la integridad territorial de España.

Ahí aparece otra contradicción que todavía nadie ha explicado satisfactoriamente. Si hubo un ataque contra la integridad territorial española, tuvo que existir alguna responsabilidad detrás. No parece razonable describir con palabras de esa gravedad lo ocurrido y, al mismo tiempo, aceptar sin demasiadas preguntas una explicación que presenta a Marruecos casi como un oportunista que encontró inesperadamente delante de Ceuta una multitud que otros habían movilizado.

El Frente POLISARIO ha señalado directamente a Marruecos y ha recordado la utilización de la emigración como instrumento de presión política. En Europa se ha hablado ya de amenaza híbrida y muchos conocen perfectamente el precedente de 2021. Para quienes seguimos desde hace años la actuación de Rabat, la utilización de personas, fronteras y crisis migratorias como instrumentos de presión no constituye precisamente una hipótesis extravagante.

Estamos convencidos de que Marruecos estuvo detrás de lo ocurrido en Ceuta en un grado mucho mayor que el de un Estado que simplemente decidió aprovechar una movilización nacida espontáneamente. No podemos demostrar todavía cómo intervino, quién tomó las decisiones o en qué momento comenzó esa intervención. Pero tampoco aceptamos como hecho probado lo contrario solamente porque fuentes anónimas de los servicios españoles aseguren ahora que Marruecos no lo organizó.

Tal vez dentro de unas semanas aparezcan documentos, investigaciones o datos que permitan reconstruir de verdad lo sucedido. Mientras tanto, quedan demasiadas preguntas abiertas: cómo se movilizó a decenas de miles de personas, cómo pudieron aproximarse a Ceuta, qué sabía Marruecos y España, desde cuándo lo sabían, por qué se decidió no intervenir y qué papel desempeñaron sus aparatos antes de que la frontera quedara abierta.

Y queda, sobre todo, una pregunta política que no deberíamos permitir que desaparezca entre filtraciones: si Marruecos podía evitar lo ocurrido, decidió no evitarlo y después lo utilizó contra España, ¿qué razones tenemos para apresurarnos ahora a dar por demostrado que no estuvo también detrás de su origen?