Es falso que Estados Unidos haya aprobado entregar Ceuta y Melilla a Marruecos o que un informe del Congreso las defina como «territorio ocupado». Pero el documento que está detrás del bulo contiene afirmaciones suficientemente importantes por sí mismas: describe ambas ciudades como «administradas por España» y situadas «en territorio marroquí», y respalda un diálogo entre Madrid y Rabat sobre su «futuro estatus».

La crisis de Ceuta ha vuelto a poner en circulación una afirmación explosiva: el Congreso estadounidense habría autorizado la transferencia de Ceuta y Melilla a Marruecos. No es cierto. Tampoco lo es que el informe que alimenta esa interpretación califique las dos ciudades españolas como «territorio marroquí ocupado».

Conviene desmontar el bulo, pero sin convertir el desmentido en una forma de restar importancia a lo que el documento sí dice.

El texto aparece en la página 88 del informe del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes. Se trata de un informe que acompaña a un proyecto presupuestario y no de una decisión legislativa que modifique el estatus de Ceuta y Melilla. Sin embargo, la formulación utilizada resulta políticamente llamativa.

Después de recordar la «histórica alianza» entre Estados Unidos y Marruecos, el comité afirma literalmente que «las ciudades de Ceuta y Melilla, administradas por España, se encuentran en territorio marroquí y siguen siendo objeto de la histórica reclamación de Marruecos».

Y no termina ahí. La frase siguiente expresa el apoyo del comité a los esfuerzos del secretario de Estado para fomentar el diálogo diplomático entre Marruecos y España sobre «el futuro estatus de Ceuta y Melilla».

El proyecto presupuestario al que acompaña este informe fue aprobado por la Cámara de Representantes el 15 de julio por 217 votos frente a 209, en una votación prácticamente dividida por líneas partidistas. Eso no significa que los 217 congresistas votaran específicamente a favor de la formulación sobre Ceuta y Melilla: el párrafo figura en el informe del comité que acompaña a la ley y no fue sometido a una votación independiente.

Tras la polémica, el congresista republicano Mario Díaz-Balart, responsable del informe, ha asegurado a ABC que el texto no pretende reconocer soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla ni reclamar su transferencia. Según explica, la expresión que las sitúa «en territorio marroquí» debe entenderse únicamente en sentido geográfico y el objetivo del pasaje era favorecer el diálogo diplomático entre España y Marruecos.

La aclaración limita cualquier lectura jurídica del documento, pero no elimina su significado político. Díaz-Balart reconoce al mismo tiempo que el informe pretende subrayar la relación «especial» entre Estados Unidos y Marruecos, afirma que esa relación «no puede ser mejor» y contrapone esa situación al deterioro de los vínculos con el actual Gobierno español. Es decir, desmiente una transferencia de soberanía que el informe nunca aprobó, pero confirma el contexto político favorable a Rabat en el que apareció una formulación tan poco neutral sobre Ceuta y Melilla.

La confusión se vio además alimentada por el propio congresista republicano Thomas Massie, único miembro de su partido que votó contra el proyecto, quien afirmó después que la Cámara había dado «luz verde a la transferencia de territorio español a Marruecos». Esa interpretación va más allá de lo que realmente dicen el proyecto y el informe: no existe ninguna disposición que transfiera Ceuta o Melilla ni el pleno votó específicamente ese párrafo. Pero resulta significativo que un miembro de la propia Cámara haya leído políticamente en esos términos una formulación que sí sitúa ambas ciudades «en territorio marroquí» y habla de su «futuro estatus».

Massie exagera el alcance jurídico de lo aprobado; eso no convierte en irrelevante el lenguaje que realmente figura en el informe.

Nada de esto significa que Washington haya transferido territorio español, ni modifica jurídicamente la soberanía de ambas ciudades. Pero tampoco estamos ante una descripción neutral. Una cosa es señalar que Marruecos mantiene una reivindicación histórica y otra describir dos ciudades españolas como situadas «en territorio marroquí» y presentar su «futuro estatus» como materia susceptible de diálogo diplomático.

Ese matiz resulta especialmente importante porque el mismo apartado sitúa estas afirmaciones dentro de una política de apoyo estratégico a Marruecos: recuerda la alianza entre ambos países y contempla financiación estadounidense vinculada a seguridad y cooperación militar.

Por eso el ruido de las redes puede terminar produciendo un efecto paradójico. Se exagera el documento hasta convertirlo en una inexistente «entrega» de Ceuta y Melilla; después se desmonta correctamente esa falsedad y existe el riesgo de concluir que aquí no hay nada que mirar. Sí lo hay.

El contexto obliga además a prestar atención. Estados Unidos reconoce desde 2020 la pretendida soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y Donald Trump acaba de reafirmar la autonomía propuesta por Rabat como la única base aceptable para una solución. Ceuta y Melilla tienen un estatus jurídico completamente distinto y no deben confundirse ambos asuntos, pero resulta difícil ignorar que determinadas formulaciones estadounidenses vuelven a aproximarse al lenguaje territorial de Marruecos.

No necesitamos el bulo. El documento auténtico ya plantea una pregunta suficientemente seria: ¿por qué un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos habla de dos ciudades administradas por España como situadas «en territorio marroquí» y de su «futuro estatus»? Eso es lo que merece ser discutido.