Cada vez más testimonios, expertos y análisis describen una operación de presión desde territorio marroquí. El Gobierno español habla de «ataque», Europa de «amenaza híbrida» y Rabat se presenta como la solución. Entre medias aparecen el Sáhara Occidental, Argelia, Estados Unidos e Israel. Pero quizá estemos complicando demasiado la pregunta principal.
Por Victoria G. Corera
Han pasado varios días desde la entrada masiva en Ceuta y las explicaciones se multiplican. La sentencia del Tribunal Supremo, las mafias, las redes sociales, el acercamiento español a Argelia, la nacionalidad de los saharauis, el Sáhara Occidental, las aspiraciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla, Donald Trump, Israel e incluso el control estratégico del Estrecho. Probablemente varias de esas piezas formen parte del escenario. Pero tantas hipótesis empiezan a producir un efecto extraño: nos hacen perder de vista lo que tenemos delante.
Decenas de miles de personas se desplazaron a través de territorio marroquí hacia una de las fronteras más sensibles y vigiladas del país. Llegaron hasta Ceuta y penetraron masivamente en territorio español. Durante horas, el dispositivo marroquí que normalmente impide esos movimientos no los detuvo. Después, cuando Rabat decidió reforzar el control, demostró que podía hacerlo.
Marruecos sostiene ahora que no hubo relajación deliberada, presión ni chantaje. Culpa a la sentencia española, al «efecto llamada», a las mafias y a las redes sociales. Pero esa explicación responde a por qué miles de personas podían querer llegar a Ceuta. No explica cómo pudieron hacerlo.
Lo que empieza a resultar difícil negar
AFP ha recogido testimonios sobre la ausencia inicial de un despliegue extraordinario en los accesos a Fnideq y opiniones de especialistas que conocen bien el aparato de seguridad marroquí. Pierre Vermeren recuerda su eficacia y capacidad de información; Riccardo Fabiani considera que existen suficientes elementos para estimar una implicación de Rabat; Haizam Amirah Fernández juzga difícil creer que las autoridades desconocieran —o no facilitaran— un movimiento de semejante magnitud.
No ha aparecido una orden escrita de Mohamed VI. Es cierto. Pero convertir la ausencia de esa prueba en demostración de espontaneidad sería ingenuo. Las operaciones híbridas no suelen venir acompañadas de una nota oficial anunciando quién las organiza.
La catedrática de Derecho Internacional Ana Manero habla directamente de un «ataque híbrido» y encuentra paralelismos en el método empleado en 1975: utilización de población civil, presión territorial y coerción sobre España. No estamos ante una repetición exacta de la Marcha Verde —no hubo convocatoria oficial comparable—, pero sí ante una lógica que resulta demasiado familiar.
También Roberto García Moritán interpreta la frontera como un instrumento que Marruecos abre o cierra según sus necesidades políticas. Y está el antecedente imposible de borrar de 2021: la crisis provocada después de que España acogiera a Brahim Ghali y el posterior giro de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental.
El Sáhara sigue detrás
Por eso el Sáhara Occidental aparece una y otra vez.
España se ha acercado de nuevo a Argelia, avanza la proposición sobre nacionalidad española para saharauis y el Frente POLISARIO sigue reclamando que Madrid revierta la decisión de 2022. Nada de ello agrada a Rabat.
Pero tampoco debemos reducir Ceuta exclusivamente al Sáhara. Marruecos mantiene sus propias reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla. Y, precisamente durante esta crisis, ha reaparecido un informe de una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que describe ambas ciudades como «administradas por España» pero «situadas en territorio marroquí» y respalda conversaciones entre Madrid y Rabat sobre su «futuro estatus».
El responsable de aquel texto, Mario Díaz-Balart, ha negado que implique reconocimiento alguno de soberanía marroquí. Pero también ha explicado que el documento pretende subrayar la extraordinaria relación entre Washington y Rabat, una relación que, según sus propias palabras, «no puede ser mejor», mientras considera muy deteriorados los vínculos con el actual Gobierno español.
No es una transferencia de soberanía. Tampoco es un contexto irrelevante.
EEUU e Israel: intereses sí, pruebas todavía no
El siguiente escalón exige más cuidado.
Kenneth Roth, durante casi tres décadas director de Human Rights Watch, ha señalado el valor estratégico que tendría Ceuta para un aliado de Israel como Marruecos. Su razonamiento parte del Estrecho de Gibraltar y de la importancia de controlar el acceso entre Mediterráneo y Atlántico. Otros analistas recuerdan además las excelentes relaciones militares y políticas entre Rabat, Washington y Tel Aviv.
La convergencia de intereses existe. También existe el reconocimiento estadounidense de las pretensiones marroquíes sobre el Sáhara Occidental y el posterior reconocimiento israelí.
Pero de ahí no se desprende que Estados Unidos o Israel ordenaran la operación de Ceuta. Hoy no disponemos de pruebas para afirmarlo. Una cosa es señalar quién podría beneficiarse; otra, atribuirle la dirección de los acontecimientos.
La pregunta incómoda está en Madrid y Bruselas
Hay, sin embargo, algo todavía más llamativo.
Pedro Sánchez calificó lo sucedido de «violación» y «ataque a la integridad territorial de España». Margarita Robles pide saber quién pudo haberlo «consentido». Dirigentes europeos hablan de «instrumentalización de la migración» y de «amenazas híbridas».
Pero falta casi siempre el sujeto.
¿Amenaza híbrida de quién? ¿Instrumentalización realizada por quién? ¿Quién consintió que miles de personas llegaran hasta la frontera?
Y aparece entonces la paradoja: España agradece a Marruecos que restablezca el control y Europa sigue necesitando a Marruecos para controlar su frontera exterior.
Durante años se ha construido una política basada en pagar, favorecer y proteger la cooperación con Rabat para que actúe como guardián de los movimientos migratorios hacia Europa. Reconocer ahora que ese mismo control puede convertirse en instrumento de coerción política significaría admitir el enorme poder que Europa ha colocado en manos de Mohamed VI.
Para el Gobierno español existe además otra dificultad. El giro sobre el Sáhara Occidental de marzo de 2022 se justificó como el comienzo de una nueva etapa de estabilidad y confianza con Marruecos. Cuatro años después, reconocer una nueva operación de presión significaría aceptar que la gran concesión española no eliminó el instrumento de chantaje que supuestamente debía desactivar.
Quizá por eso escuchamos tantas palabras: «efecto llamada», «movilización inusual», «mafias», «redes sociales», «instrumentalización», «amenaza híbrida».
Todas pueden describir una parte de lo ocurrido.
Pero nosotros creemos que falta decir lo esencial: Marruecos permitió que decenas de miles de personas fueran utilizadas para penetrar masivamente en territorio español y convertir una frontera europea en instrumento de presión política. Eso es una actuación híbrida y una violación de la integridad territorial de España.
Todavía debemos averiguar qué pretendía obtener Rabat exactamente y hasta dónde coincidieron sus intereses con los de Washington o Tel Aviv.
Pero quizá la pregunta más incómoda ya no sea por qué Marruecos lo hizo.
Es por qué España y Europa parecen necesitar tantas explicaciones para evitar decir que fue Marruecos.