El líder del Frente Polisario obtuvo la nacionalidad en 2004 y dispone de un DNI en vigor
La decisión del Gobierno de acceder a que el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, entrase en España para tratarse de una grave afección de la covid, que desencadenó una grave crisis diplomática con Marruecos y ha llevado a la imputación de la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, fue una decisión obligada. Es decir, el Gobierno no podía hacer otra cosa, no podía negarse a acogerlo. Y eso porque Gali es legalmente un ciudadano español.
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