Ali Mohamed.
ECS. Bruselas. | Tras el anuncio de la comisión de la UE de que visitaría a los territorios ocupados del Sáhara Occidental para evaluar la aplicación y beneficios sobre la población saharaui del acuerdo comercial UE-Marruecos, el Frente Polisario, a través de su representación en Europa, lanzó un comunicado condenando en primer lugar la extensión ilegal del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos para incluir las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, así como la programación de una visita a los territorios para »evaluar» los beneficios del acuerdo que su propio tribunal sentenció en dos ocasiones que era ilegal. El Frente Polisario calificó la actitud de la Comisión como perjudicial e irresponsable.
El Frente Polisario recordó que incluso los propios agricultores europeos denunciaron las malas prácticas del estado marroquí hundiendo el mercado europeo y rebasando las cifras permitidas en el Acuerdo. Agregó, además, que varios parlamentarios cuestionaron a la Comisión Europea sobre el incumplimiento continuado por parte de Marruecos del acuerdo por los fraudes cometidos, sin embargo la Comisión respondió, contrariamente a los intereses de sus productores, que no »cambiará nada del acuerdo» añadiendo además que enviará una misión para “visitar” a los territorios ocupados del Sáhara Occidental a finales de verano para evaluar los supuestos beneficios del acuerdo, en un absoluto desafío a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y violando flagrantemente el derecho internacional. En este sentido, el Frente Polisario, en su comunicado, señaló que, como único y legítimo representante del pueblo saharaui, condena en los más altos términos este comportamiento que refleja la falta de comprensión además de dar la impresión de ‘simpatía’ con el ocupante marroquí antes de que estalle una nueva crisis ya que la sentencia del TJUE sobre la comercialización de productos saharauis saldrá el próximo Septiembre.
El comunicado destacó que desde 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha manifestado reiteradamente que, en aplicación del principio de autodeterminación, el Sáhara Occidental goza de un estatus separado y diferenciado de Marruecos, y que el pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario, es un tercer actor en las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos, cuyo consentimiento es vinculante para la Unión Europea independientemente de los supuestos beneficios, por lo tanto se ha de consultar previamente con el pueblo saharaui, poseedor de la soberanía sobre sus tierras y recursos naturales, de cualquier actividad económica o extractiva que involucre sus riquezas naturales.
A este respecto, el Frente Polisario reiteró que el pueblo saharaui nunca ha accedido ni siquiera ha sido preguntado sobre alguna exportación desde el Sáhara Occidental, lo que hace que toda la actividad económica queden fuera de cualquier marco legal, violando así sus derechos soberanos sobre sus tierras y recursos naturales nacionales. Del mismo modo e igual manera sucede con la «visita» a los territorios saharauis. La potencia ocupante, el Reino de Marruecos, no puede permitir la entrada de extranjeros en los territorios ocupados del Sáhara Occidental sin un permiso expedido por las autoridades saharauis, lo que hace que la futura presencia de los funcionarios de la comisión constituiría una descarada violación de la integridad territorial del Sáhara Occidental.
Concluyendo, el Polisario subrayó que es deber de la Comisión Europea comprender que no es posible lograr un desarrollo económico próspero sin respetar la legitimidad internacional, advirtiendo de los daños a la UE, tanto económicos como en el exterior, al permitir exportaciones ilegales que propician la ocupación marroquí, destruyen al sector agrícola europeo y que infringen los dictámenes de su mismo tribunal.
Como recordatorio, es necesario destacar que la UE no pudo comprobar que los beneficios recaigan en la población saharaui debido a la falta de pruebas que las autoridades marroquíes se niegan a ofrecer, como reveló un auditoría externa que realizó el mismo Parlamento a través de una consultora francesa, además de afirmar que es »poco rentable» para la Unión, tal y como denunciaron los agricultores europeos.
