Por Lehbib Abdelhay/ECS
Madrid (ECS).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitirá en las próximas semanas (probablemente en septiembre) una sentencia que puede alterar la hoja de ruta de Marruecos en su estrategia expansionista para que se reconozca a nivel internacional su «soberanía» sobre el Sáhara Occidental.
La Corte europea tendrá que determinar si Bruselas ha violado la ley al incluirse los productos procedentes de los territorios ocupados del Sáhara Occidental en el acuerdo de asociación con Marruecos, un asunto aparentemente de índole económico pero que puede tener un indudable calado político, informa El Independiente.
En su exposición del 08 de noviembre de 2019, la Comisión Europea, afirmó que toda la información sobre la que descansa el Mecanismo incluido en el citado acuerdo, procedía de Marruecos. Es Marruecos quien facilita la información sobre los productos procedentes del Sáhara Occidental. Es Marruecos quien ofrece información sobre los productos procedentes de las distintas regiones y provincias ‘marroquíes’. Y es Marruecos quien facilita la información sobre el beneficio de la población del Sáhara Occidental. Sabe la Comisión Europea qué piensa la población local sobre esa información transmitida por Marruecos.
Esta sentencia en respuesta a la demanda promovida por el Frente Polisario llegará en un momento de alta tensión diplomática entre España y Marruecos tras la crisis migratoria vivida en Ceuta, cuando las autoridades marroquíes posibilitaron que más de 9.000 pesonas, todos marroquíes, cruzarán de forma ilegal la frontera.
«Ya hubo dos sentencias desfavorables para Marruecos. Que ésta confirme las anteriores tendría repercusión económica pero sobre todo política. Para Marruecos sería un recordatorio de que, de acuerdo con la legalidad internacional, no tiene ninguna soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental», explica a El Independiente Haizam Amirah Fernández, investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe en el Real Instituto Elcano.
La Corte de Luxemburgo tiene que resolver un asunto económico, pero su pronunciamiento podría tener una gran repercusión política.
Durante la sesión celebrada en febrero en 2019, quedó claro que la Comisión Europea no tenía preparado el Mecanismo que iba a permitir la evaluación sobre el impacto del Acuerdo sobre la población del Sáhara Occidental y su posible beneficio.
Según Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, en declaraciones a El Independiente, afirma que la dimensión política tendría una eventual estimación de la demanda formulada por el Frente Polisario. «Significaría que las instituciones europeas no reconocen los hechos consumados de Marruecos durante 40 años y que ninguna actividad amparada por la UE puede llevarse a cabo legalmente en los territorios ocupados», interpreta.
Estos Acuerdos pactados entre la Unión Europea (UE) y el Reino de Marruecos no se ajustan a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y violan el derecho internacional en el Sáhara Occidental. La sentencia viene a resolver un asunto económico, pero su pronunciamiento podrá tener una gran reprecusión política.
Además, estos cuerdos entre la UE y Marruecos «son una expresión real del desprecio de la UE por el derecho internacional, mientras que, según lo declarado por el TJUE, la UE debe ejercer sus poderes de conformidad con el derecho internacional», dijo en su momento (15 marzo de 2019) el profesor y presidente honorario del Centro para el Derecho Internacional (CDI) de la Universidad Libre de Bruselas (ULB), Eric David, en una conferencia organizada por la ULB.
«Son análogos al acuerdo concluido por el comprador de una propiedad robada con el autor de este robo. Al ser conscientes del origen de esta propiedad, el comprador se convierte en un depósito», severa David, y agregó que «la extensión de las preferencias arancelarias por parte de la UE a los productos originados del Sáhara Occidental ocupado hace que la UE sea cómplice de violaciones flagrantes de la ley y comprometa su responsabilidad internacional».