Casi medio siglo después de abandonar el Sáhara Occidental, España continúa gestionando desde Canarias una parte esencial de su espacio aéreo. Son unos 266.000 kilómetros cuadrados cuya supervisión sigue vinculada a ENAIRE y a la región de información de vuelo de Canarias. Marruecos lleva años intentando asumir ese control, pero la transferencia formal no se ha producido. La paradoja es evidente: Madrid sostiene desde 1976 que dejó atrás sus responsabilidades sobre el territorio, mientras continúa administrando uno de sus espacios estratégicos más sensibles.

La cuestión ha vuelto a primer plano después de que AS recordara que España mantiene la gestión aérea sobre una superficie de unos 266.000 kilómetros cuadrados del Sáhara Occidental. No es una competencia menor. El control del tráfico civil, la coordinación de vuelos y la seguridad de la navegación forman parte de una estructura internacional que sigue conectando directamente al territorio con Canarias.

España ejerce esa gestión a través de ENAIRE y de la región de información de vuelo de Canarias. En la práctica, eso significa que buena parte del espacio aéreo situado sobre el Sáhara Occidental continúa dependiendo de una estructura española medio siglo después de la retirada de 1975-1976.

Ese dato resulta especialmente significativo porque la salida española del territorio no resolvió el proceso de descolonización. España abandonó la administración directa, pero algunas funciones técnicas y estratégicas siguieron vinculadas a estructuras españolas. El espacio aéreo es uno de los ejemplos más claros.

La cuestión adquirió más relevancia tras el giro español de 2022 sobre el Sáhara Occidental. Desde entonces, Madrid y Rabat han mantenido conversaciones sobre la gestión de ese espacio aéreo. El Gobierno español ha reconocido la existencia de contactos, aunque ha insistido en que estaban orientados a mejorar la coordinación y la seguridad de la navegación y no implicaban necesariamente una cesión automática a Marruecos.

La diferencia no es menor. El Sáhara Occidental continúa inscrito por Naciones Unidas como Territorio No Autónomo pendiente de descolonización y Marruecos no posee soberanía internacionalmente reconocida sobre el territorio. Una eventual transferencia integral de la gestión aérea tendría, por tanto, una dimensión política que iría mucho más allá de una simple cuestión técnica.

El asunto ha llegado también al Congreso de los Diputados. En los últimos años se han registrado iniciativas reclamando que España mantenga la gestión a través de ENAIRE y que cualquier cambio sea explicado con transparencia y sometido a control parlamentario.

Sobre el terreno, la situación es más compleja. Marruecos dispone de infraestructuras y capacidades propias en El Aaiún y Dajla y ha ampliado progresivamente su presencia operativa en la zona. Esa intervención de hecho no equivale, sin embargo, a una transferencia formal de la responsabilidad internacional sobre el conjunto del espacio aéreo.

La dimensión canaria es además evidente. Ese espacio se encuentra en una zona estratégica para las conexiones entre Europa, África y América y forma parte de un entorno especialmente sensible por su proximidad al archipiélago. La gestión aérea implica coordinación, vigilancia y seguridad en un corredor internacional de enorme importancia.

Por eso los 266.000 kilómetros cuadrados no son una simple herencia administrativa. Son otra señal de que la retirada española no cerró todos los efectos del proceso colonial ni resolvió el estatuto definitivo del Sáhara Occidental.

Medio siglo después, España sigue gestionando desde Canarias los cielos de un territorio cuya descolonización continúa pendiente. Marruecos pretende ampliar su control. Naciones Unidas mantiene al Sáhara Occidental en su lista de Territorios No Autónomos. Y el pueblo saharaui todavía no ha podido decidir libremente su futuro.

La contradicción sigue intacta: se intenta administrar como definitivo aquello que jurídicamente continúa pendiente.

Fuente: AS
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