Un informe de 114 páginas presentado esta semana en el Parlamento Europeo sitúa a España ante una cuestión que va más allá del turismo: ¿con qué fundamento jurídico autorizó vuelos comerciales de Ryanair entre Madrid y Dajla, en el Sáhara Occidental ocupado? El estudio documenta una autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de febrero de 2026 y recuerda que la Comisión Europea ya había advertido de que el acuerdo de aviación con Marruecos no resulta aplicable al territorio saharaui. La investigación denuncia, además, cómo las rutas aéreas y la promoción turística contribuyen a presentar Dajla como una ciudad marroquí.
El estudio, titulado Turismo de ocupación. Dajla, del campamento militar a la «perla del desierto», ha sido elaborado por un equipo de investigadores coordinado por Miguel Urbán y Maureen Zelaya, con la contribución del eurodiputado Jaume Asens y del grupo Greens/EFA. Su principal aportación consiste en analizar el turismo no solamente como una actividad económica, sino como un instrumento que puede ayudar a normalizar la ocupación marroquí. Los vuelos, hoteles, plataformas de reservas y campañas publicitarias crean una experiencia en la que el visitante puede viajar al Sáhara Occidental sin advertir que se encuentra en un territorio pendiente de descolonización. Dajla aparece así integrada en los circuitos turísticos de Marruecos, aunque su estatuto jurídico internacional sea distinto.
La investigación aporta un dato especialmente relevante para España. Según recoge en su página 16, AESA autorizó el 12 de febrero de 2026 al operador Ryanair DAC un programa de vuelos para la temporada comprendida entre el 29 de marzo y el 24 de octubre, que incluía la ruta Madrid-Dajla con dos frecuencias semanales. La autorización resulta significativa porque el Tribunal General de la Unión Europea, en su auto de 30 de noviembre de 2018 sobre el asunto T-275/18, estableció que el acuerdo euromediterráneo de aviación entre la Unión Europea y Marruecos no es aplicable al Sáhara Occidental. La Comisión Europea reiteró esa interpretación en una respuesta parlamentaria del 20 de enero de 2025 y recordó que había informado de ello a las compañías aéreas europeas en diciembre de 2024.
El informe cuestiona, por tanto, la cobertura jurídica de estas conexiones y reclama atención sobre las responsabilidades de las instituciones españolas. ENAIRE presta servicios de navegación aérea en el espacio aéreo saharaui, mientras AESA autoriza programas comerciales desde España. Al mismo tiempo, Marruecos ejerce el control efectivo de los aeropuertos del territorio. Los investigadores sostienen que esta combinación de actuaciones permite el funcionamiento cotidiano de rutas que tratan a Dajla como un destino integrado en Marruecos. La jurisprudencia europea no equivale a una prohibición judicial expresa de todos los vuelos, pero sí plantea una cuestión que España debe aclarar: qué base jurídica específica permite autorizar una conexión que no está cubierta por el acuerdo aéreo UE-Marruecos.
La dimensión política aparece con especial claridad en la publicidad de Ryanair. El estudio recuerda que la aerolínea anunció Dajla como parte de su red de aeropuertos marroquíes y la promocionó como un destino turístico de Marruecos. La ruta Madrid-Dajla nació de un acuerdo firmado en noviembre de 2024 entre Ryanair y la Oficina Nacional Marroquí de Turismo, que contemplaba también campañas de promoción. El problema no reside únicamente en transportar turistas, sino en la imagen territorial que se difunde: se presenta como marroquí una ciudad del Sáhara Occidental sin explicar al viajero su situación jurídica ni el derecho de autodeterminación de la población saharaui. El informe denomina a este proceso «turismo de ocupación», una forma de normalización que opera mediante actividades comerciales aparentemente ordinarias.
La presentación del documento en Bruselas, el 4 de noviembre, coincide con una nueva etapa política tras el cierre de la MINURSO. El Frente POLISARIO ha anunciado que estudia nuevas actuaciones jurídicas relacionadas con el turismo, mientras continúa reclamando a la Unión Europea el cumplimiento de las sentencias sobre el Sáhara Occidental. En ese escenario, la responsabilidad española adquiere especial importancia. No basta con afirmar que las rutas cumplen los procedimientos administrativos: corresponde explicar cómo se ajustan al estatuto separado del territorio y a los derechos del pueblo saharaui. La autorización de vuelos, la actuación de las empresas y la promoción comercial de Dajla forman parte de un debate que ya no puede limitarse a la rentabilidad turística.
El informe deja una cuestión que merece respuesta pública: si el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos a efectos del derecho europeo, ¿por qué puede venderse y promocionarse desde España como si lo fuera? La transformación de Dajla en destino turístico internacional no modifica su estatuto jurídico, pero puede contribuir a que la ocupación desaparezca de la percepción de quienes visitan el territorio. Exigir explicaciones a las autoridades españolas y europeas no significa cuestionar el derecho a viajar, sino recordar que el turismo tampoco puede situarse al margen de la legalidad internacional ni de los derechos del pueblo saharaui.
EL INFORME
Especialmente relevantes para esta información son la página 16, dedicada al espacio aéreo del Sáhara Occidental y a la autorización de AESA, y las páginas 78-80, sobre Ryanair, la ruta Madrid-Dajla y la promoción turística del territorio.
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