Abdulah Arabi acusa al Gobierno español de “agravar” el error histórico de 1975 al respaldar el plan marroquí de autonomía y reivindica el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro.
Cincuenta años después de la retirada española del Sáhara Occidental, la cuestión de la responsabilidad histórica y jurídica de España vuelve a situarse en el centro del debate político y jurídico alrededor del conflicto saharaui.
El delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, volvió a denunciar este jueves en el Congreso de los Diputados que el Estado español no solo no ha corregido el “error garrafal” cometido en 1975 al abandonar el territorio sin culminar el proceso de descolonización, sino que lo habría profundizado al respaldar políticamente el plan marroquí de autonomía.
Sus declaraciones se produjeron durante un acto organizado por Juezas y Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, donde volvió a insistir en una idea central dentro de la posición saharaui: el conflicto del Sáhara Occidental sigue siendo, ante todo, un proceso de descolonización inacabado.
“La cuestión del Sáhara Occidental tiene una naturaleza política y jurídica muy clara”, afirmó Arabi, recordando que Naciones Unidas continúa considerando el territorio pendiente de descolonización y que España sigue apareciendo en numerosos análisis jurídicos como potencia administradora de iure del territorio.
Uno de los aspectos más relevantes de la intervención fue su defensa explícita del referéndum de autodeterminación como única vía compatible con el derecho internacional. Arabi insistió en que el pueblo saharaui debe poder pronunciarse sobre todas las opciones posibles, incluyendo la independencia, la autonomía o incluso la integración en Marruecos.
Precisamente sobre este último punto, el representante saharaui sostuvo que la disposición del Polisario a aceptar incluso una opción de integración dentro de una consulta libre constituye “la concesión más enorme y más grande que ha hecho un pueblo” para intentar alcanzar una solución pacífica y negociada.
Sin embargo, denunció que el proceso político impulsado en los últimos años se ha orientado cada vez más hacia una lógica de imposición del plan marroquí de autonomía como solución cerrada al conflicto, algo que considera contrario al derecho internacional y al principio de autodeterminación reconocido por Naciones Unidas.
Arabi cuestionó además la interpretación política que algunos gobiernos occidentales están haciendo de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad, insistiendo en que hasta ahora ha habido “reuniones, no negociaciones” y que el Polisario ha mantenido una actitud favorable al diálogo dentro del marco internacional.
Pero probablemente uno de los momentos más contundentes de la jornada llegó cuando comparó la situación del pueblo saharaui con la de Palestina.
“Son dos situaciones idénticas de ocupación, violaciones de derechos humanos y sufrimiento”, afirmó, subrayando que ambos pueblos continúan resistiendo frente a situaciones que considera contrarias al derecho internacional.
La intervención coincidió además con nuevas críticas hacia el tratamiento jurídico y administrativo que reciben los saharauis en España. Durante el mismo acto, la abogada Loueila Sid Ahmed Ndiaye denunció las dificultades que afrontan miles de saharauis para obtener reconocimiento jurídico, residencia o nacionalidad en España pese a los vínculos históricos existentes.
Sus palabras vuelven a poner sobre la mesa una cuestión que reaparece de forma recurrente en el debate político español alrededor del Sáhara Occidental: hasta qué punto España ha cerrado realmente su relación histórica, jurídica y moral con el territorio.
Porque medio siglo después, el conflicto sigue sin resolverse.