Por Salem Mohamed
Madrid (ESC).- El tema de los recursos naturales del Sáhara Occidental está sujeto a mucho interés de ambas partes en el conflicto. La ilegalidad de su explotación constituye una herramienta importante en el proceso de negociaciones y constituye una importante influencia política.
La inclusión ilegal del territorio dentro del alcance territorial de dos importantes acuerdos comerciales y de asociación entre la UE y el Reino de Marruecos ha sido objeto de decisiones judiciales en 2016 y 2018.
Desde la década de 1970, el territorio del Sáhara Occidental está ocupado militarmente por Marruecos. Rabat viola así el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui que ha quedado dislocado en el proceso, muchos de los cuales viven ahora en campamentos de refugiados en el suroeste de la vecina Argelia.
Desde 2018, el European Center For Consititutional And Human Rigths (ECCHR) inició una investigación sobre si Alemania cumple con sus obligaciones internacionales en relación con el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación en relación a la explotación económica del territorio saharaui.
Además, ECCHR destapó cómo empresas europeas están implicadas en la explotación económica del territorio ilegalmente ocupado, lo que también viola el derecho de los saharauis a la autodeterminación.
En este contexto, el ECCHR se interesó en verificar las importaciones a Alemania desde el territorio ocupado del Sáhara Occidental.
En julio de 2018, ECCHR presentó una solicitud de libertad de información ante la oficina de aduanas de Bremen para averiguar si un barco procedente del puerto de El Aaiún, en el Sáhara Occidental, declaró el origen de sus mercancías como marroquí o saharaui.
La oficina de aduanas de Bremen se negó a dar información, argumentando que se trataba de un secreto comercial. Esto hace imposible que se pueda comprobar si Alemania cumple con sus obligaciones internacionales. El ECCHR interpuso un recurso contra esta decisión. Otra solicitud de libertad de información de mayo de 2019 fue nuevamente rechazada indiscriminadamente. En agosto de 2019 ECCHR también apeló esta decisión.
En el territorio ocupado del Sáhara Occidental, las empresas europeas participan –a través de la importación, la exportación o la prestación de servicios técnicos– en la minería de fosfatos, proyectos de energía eólica, así como en la agricultura y la pesca. Sin embargo: la explotación económica del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui viola el derecho internacional.
El pueblo saharaui se opone firmemente a las actividades económicas en el territorio ocupado. A pesar de los esfuerzos de la ONU, no se vislumbra un final para la ocupación, en parte porque sigue siendo rentable.
Después de que España se retirara del Sáhara Occidental en 1975, la región nunca consiguió la independencia económica o política. En el curso de un proceso de descolonización mal ejecutado, Marruecos ocupó el 85 por ciento del territorio. Hoy en día, el Sáhara Occidental es considerado un territorio no autónomo por la ONU (artículo 73 de la Carta de la ONU).
Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2016 (C 104/16-P) también dejó claro que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos. Por lo tanto, los productos de la región, como la harina de pescado o los tomates, deben etiquetarse en Europa como procedentes del “Sáhara Occidental”, y no de Marruecos. Si las aduanas alemanas autorizaran deliberadamente la importación de productos del Sáhara Occidental como mercancías “marroquíes”, esto equivaldría a un reconocimiento ilegal de la ocupación.
Acuerdos ilegales de UE-Marruecos
Con la aprobación del anterior acuerdo pesquero con Marruecos, la Unión Europea se convirtió en cómplice del robo que el ocupante marroquí seguirá perpetrando al pueblo saharaui.
El acuerdo aprobado por parte del Parlamento Europeo va en contra del derecho internacional y contradice la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que establece que no se pueden incluir las aguas territoriales del Sáhara Occidental, un Territorio No Autónomo pendiente de descolonización.
La sentencia del TJE dictaminó en su momento que para la explotación de las aguas del Sáhara Occidental es necesario el consentimiento del pueblo saharaui y de su legítimo representante reconocido por la ONU, el Frente Polisario, lo que no se ha tenido en cuenta. La ilegalidad del acuerdo ha sido denunciada por organizaciones internacionales de DD.HH, como Human Rigths Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI).
Los europarlamentarios y europarlamentarias que han votado a favor del acuerdo son los responsables de que continúe el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental y se convirtieron en colaboradores de la opresión y persecución que el régimen marroquí ejerce contra el pueblo saharaui, que sufre a diario violación de los derechos humanos. El Parlamento Europeo con este encuerdo obstaculizó los esfuerzos de la ONU y la Unión Africana para llegar a una solución definitiva en el conflicto del Sáhara Occidental que garantice la autodeterminación del pueblo saharaui.
En particular, es lamentable el papel que juega España, que hace 44 años abandonó su colonia y entregó el territorio a Marruecos incumpliendo con las obligaciones internacionales que marcaron las Naciones Unidas y ahora respalda un acuerdo ilegal con el que ocupante marroquí pretende seguir en un país sobre el que ningún Estado le reconoce soberanía.
El Gobierno de España vuelve a traicionar a un pueblo al que dio la nacionalidad y lo hace sin tener en cuenta el sentir mayoritario del pueblo español, que apoya la justa causa saharaui, y al que estamos profundamente agradecidos.
Origen: Europa, cómplice en el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental