La denuncia de AREN, la Asociación para la Vigilancia de los Recursos y la Protección del Medio Ambiente en el Sáhara Occidental, sobre la presencia de buques rusos en aguas del Sáhara Occidental vuelve a recordar una cuestión central: Marruecos no puede disponer de los recursos saharauis como si fueran propios.

La denuncia difundida por Sahara Press Service sobre la presencia de buques pesqueros extranjeros en aguas del Sáhara Occidental vuelve a situar en primer plano una de las dimensiones más graves y menos explicadas de la ocupación marroquí: el saqueo continuado de los recursos naturales saharauis. No hablamos solo de pesca. Hablamos de fosfatos, agricultura, energías renovables, arena, infraestructuras y acuerdos económicos que se presentan como actividad comercial ordinaria, pero que se desarrollan sobre un territorio pendiente de descolonización.

Según la nota de SPS, la Asociación para la Vigilancia de los Recursos y la Protección del Medio Ambiente en el Sáhara Occidental, AREN, ha denunciado la entrada del buque factoría ruso ALEKSANDR MIRONENKO, con número IMO 8607177, en aguas saharauis el 1 de junio de 2026, tras haber zarpado del puerto de Casablanca. La asociación también señala la presencia continuada del buque ruso STARYY ARBAT, IMO 8721064, en el puerto de Tarfaya. Ambos datos encajan con la identificación pública de esos buques como embarcaciones pesqueras rusas.

El problema de fondo no es únicamente qué bandera lleva un barco ni qué empresa se beneficia de la pesca. La cuestión esencial es otra: el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y sus recursos naturales pertenecen al pueblo saharaui. Cualquier explotación sin su consentimiento vulnera el principio de soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales y contradice el marco jurídico que reconoce al Sáhara Occidental como territorio no autónomo pendiente de descolonización.

Durante años, Marruecos ha intentado presentar la explotación económica del territorio ocupado como prueba de “desarrollo”. Pero el derecho internacional no permite sustituir el consentimiento de un pueblo por inversiones, puertos, contratos o estadísticas comerciales. Que haya actividad económica no significa que haya legalidad. Que una potencia ocupante construya infraestructuras, firme acuerdos o facilite la entrada de buques extranjeros no convierte el expolio en cooperación.

La pesca es uno de los ejemplos más claros. Las aguas saharauis han sido tratadas durante décadas como una extensión de los intereses marroquíes, aunque jurídicamente no lo sean. La presencia de flotas extranjeras en esas aguas implica beneficios para Marruecos y para operadores internacionales, mientras el pueblo saharaui sigue excluido de la decisión sobre sus propios recursos. La denuncia de AREN recuerda precisamente esto: sin consentimiento saharaui, no hay explotación legítima.

No es un asunto menor ni una cuestión técnica reservada a especialistas. El expolio de los recursos naturales tiene consecuencias políticas directas. Ayuda a financiar y consolidar la ocupación, normaliza la presencia marroquí en el territorio y crea intereses económicos internacionales que luego presionan para mantener el statu quo. Cada tonelada de pescado, cada cargamento de fosfatos o cada proyecto instalado en territorio ocupado sin consentimiento saharaui forma parte de una misma lógica: hacer rentable la ocupación.

Por eso las sentencias europeas, las denuncias de organizaciones como Western Sahara Resource Watch y los comunicados de entidades saharauis como AREN son tan importantes. No se limitan a señalar una irregularidad comercial. Recuerdan que el pueblo saharaui no es un obstáculo administrativo, sino el titular legítimo del derecho a decidir sobre el territorio y sus riquezas. La actividad económica en el Sáhara Occidental no puede separarse del derecho de autodeterminación.

El caso de los buques rusos denunciado ahora por AREN debería servir también para ampliar la mirada. El expolio del Sáhara Occidental no es solo una responsabilidad de Marruecos. También interpela a los Estados, empresas, armadores, compradores, aseguradoras y operadores internacionales que participan directa o indirectamente en esa explotación. Nadie puede alegar desconocimiento: el estatuto del territorio es claro, la jurisprudencia es abundante y las denuncias saharauis son constantes.

La comunidad internacional suele hablar del Sáhara Occidental en términos diplomáticos, como si el conflicto se redujera a negociaciones, enviados personales y resoluciones anuales. Pero mientras se multiplican los discursos sobre una “solución política”, los recursos saharauis siguen saliendo del territorio sin que el pueblo saharaui haya dado su consentimiento. Esa contradicción revela una de las grandes hipocresías del expediente: se pide realismo político al pueblo ocupado, pero no se exige legalidad económica a quienes se benefician de la ocupación.

La denuncia de AREN sobre los recursos marinos saharauis obliga a volver a lo básico: el Sáhara Occidental sigue pendiente de descolonización; Marruecos no tiene soberanía sobre el territorio; y los recursos naturales saharauis pertenecen al pueblo saharaui. Todo lo demás —contratos, barcos, puertos, acuerdos, discursos de desarrollo— no puede ocultar esa realidad jurídica y política.