El documento no identifica todavía quién ocupa el nivel superior de dirección, pero describe una operación planificada, coordinada sobre el terreno, con participación de fuerzas marroquíes y una finalidad migratoria que califica de «aparente».
El informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional sobre la entrada masiva en Ceuta los días 30 y 31 de julio ofrece una imagen bastante más precisa de lo ocurrido que la que ha dominado buena parte del debate político de las últimas horas. El documento no identifica todavía quién dio la orden final ni quién ocupa la cúspide de la operación, pero sí descarta que se tratara de un episodio espontáneo y habla de un proceso con fases diferenciadas, planificación previa, dirección estratégica y coordinación sobre el terreno.
Uno de los elementos más llamativos es la propia escala de la movilización. La Policía estima que pudieron acceder a Ceuta entre 75.000 y 85.000 personas, aunque reconoce que no existe una cifra definitiva. Para los investigadores, resulta incompatible con una movilización espontánea que semejante volumen de personas pudiera dirigirse hacia un punto concreto, sin colapsos previos en las vías de acceso ni problemas graves de movilidad, y con un flujo que fue creciendo hasta hacerse masivo.
El informe atribuye además un papel concreto a las fuerzas de seguridad marroquíes. Describe efectivos uniformados que daban indicaciones a quienes se dirigían hacia El Tarajal y organizaban los accesos, así como la presencia de personas de paisano con comportamientos distintos a los de la multitud: observaban los movimientos, arengaban, ayudaban a superar obstáculos, grababan y mantenían comunicaciones constantes por teléfono. En algunos casos, el documento señala incluso que esas personas daban instrucciones a policías marroquíes uniformados.
La Policía estructura además la posible organización en varios niveles. Distingue entre quienes cruzaron, quienes contribuyeron a movilizar y difundir la convocatoria, los organizadores sobre el terreno, el nivel de planificación y una cúspide de dirección. Es precisamente en ese último nivel donde el informe reconoce que todavía no ha podido individualizar responsabilidades concretas. Pero sí afirma que la operación necesitó un alto grado de coordinación, influencia en redes, conexiones con personas vinculadas a las fuerzas de seguridad marroquíes y capacidades que considera muy superiores a las de las organizaciones criminales conocidas en la zona.
En sus conclusiones, el CENIF habla expresamente de «planificación previa», de una «dirección estratégica y operacional» y de un «guiado activo» de la masa hacia los lugares de paso por parte de las fuerzas marroquíes. También señala que la combinación entre una presencia policial reducida, la elección del lugar y de los horarios y la organización de los flujos responde a un diseño que no parece fruto de la casualidad.
Otro punto especialmente relevante es la finalidad de la operación. El informe utiliza la expresión «finalidad migratoria aparente» y señala que solo alrededor del 10 % de quienes accedieron permanecieron en España. Según su análisis, la secuencia perseguía primero colapsar el sistema de gestión fronteriza y, una vez conseguido, reducir todavía más la capacidad de respuesta española mediante un cambio progresivo en el perfil de las personas que entraban.
El contraste con lo ocurrido el 15 de agosto ocupa también un lugar importante. La segunda convocatoria fue, según el documento, «absolutamente controlada» por la estructura de seguridad marroquí, mientras que durante los días 30 y 31 de julio esa misma estructura permaneció inoperante durante más de 48 horas. El informe sugiere incluso que esa segunda convocatoria, mucho más visible y fácilmente detectable, pudo contribuir a mostrar después una capacidad de control que no se había ejercido durante la primera.
El documento plantea también preguntas dentro de España. El CENIF había emitido ya el 29 de julio una alerta sobre el riesgo de entradas en Ceuta y Melilla previstas para el día siguiente, y existía además una comunicación anterior de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Ceuta. Eso obliga a preguntarse qué recorrido tuvieron esas alertas y por qué la respuesta terminó siendo desbordada.
El informe no permite afirmar todavía quién dio la orden final ni identificar de manera definitiva a la persona o institución que pudo dirigir el conjunto de la operación. Pero tampoco permite sostener con facilidad que aquello fuera simplemente una movilización espontánea amplificada por las redes sociales.
No sabemos todavía quién dio la orden. Lo que el informe hace cada vez más difícil sostener es que nadie la dio.