La intervención de Estados Unidos en Venezuela no responde a una excepción ni a una urgencia imprevista. Se inscribe en una lógica conocida: la reactivación de la Doctrina Monroe como práctica de poder, actualizada al siglo XXI mediante el uso directo de la fuerza, la imposición política y el control de recursos estratégicos.

La operación militar estadounidense en Venezuela debe analizarse al margen del debate interno venezolano. La naturaleza autoritaria del régimen de Nicolás Maduro y la crisis institucional abierta tras las elecciones de 2024 no explican, por sí solas, el alcance ni el significado de la intervención. Lo que está en juego es una afirmación de poder: Estados Unidos reivindica su capacidad de decidir unilateralmente el destino político de un país de América Latina cuando considera que sus intereses estratégicos lo exigen.

La Doctrina Monroe, formulada en 1823, estableció el principio de que el continente americano constituía una esfera de influencia exclusiva de Estados Unidos. Durante décadas, ese principio sirvió de base para intervenciones militares, cambios de régimen y formas diversas de tutela política. Con el fin de la Guerra Fría y la consolidación del sistema multilateral, esta doctrina pareció perder centralidad. No desapareció. Permaneció latente, a la espera de condiciones políticas que permitieran su reaplicación abierta.

La intervención en Venezuela representa esa reaplicación. No se presenta como una doctrina formal, sino como un hecho consumado. La lógica es simple: cuando un gobierno es considerado ilegítimo y contrario a los intereses estadounidenses, la fuerza se convierte en una opción disponible. El derecho internacional no actúa como límite, sino como elemento secundario o prescindible.

Este patrón no es nuevo. En 1989, la invasión de Panamá ordenada por George H. W. Bush se justificó con argumentos similares: restaurar la democracia, proteger a la población y garantizar la estabilidad regional. Aquella operación fue ampliamente considerada una violación del derecho internacional, pero estableció un precedente. La intervención actual en Venezuela se inscribe en esa misma tradición, con una diferencia relevante: hoy se produce en un contexto de debilitamiento del multilateralismo y de mayor competencia entre potencias.

El componente económico es central. El control de los recursos energéticos venezolanos y su gestión futura por empresas estadounidenses forman parte explícita del objetivo político. A ello se suma la voluntad de reducir la influencia de China en América Latina. La Doctrina Monroe del siglo XXI no se limita a definir áreas de influencia política; organiza el acceso a recursos, excluye competidores estratégicos y utiliza la superioridad militar como mecanismo de garantía.

La falta de legitimidad democrática del régimen venezolano no altera este marco. El derecho internacional no reconoce la intervención armada unilateral como herramienta legítima para corregir crisis políticas internas. La Carta de las Naciones Unidas establece límites claros al uso de la fuerza. Ignorarlos en función de criterios políticos introduce una lógica de excepción que erosiona el sistema en su conjunto.

Aceptar que una potencia pueda decidir cuándo un Estado ha perdido su legitimidad y actuar militarmente en consecuencia implica sustituir el derecho por la fuerza. Ese desplazamiento no se limita al caso venezolano. Establece una regla implícita aplicable a otros contextos y otros actores. La selectividad en la aplicación de los principios jurídicos convierte la legalidad internacional en un instrumento variable, no en un marco común.

Las declaraciones posteriores de Donald Trump confirman esta orientación. Cuando afirma que Estados Unidos vuelve a ser “un país respetado”, el respeto al que alude no es el derivado de normas compartidas, sino el basado en la capacidad de imponer decisiones. Es una concepción del orden internacional fundada en la disuasión y el hecho consumado.

La Unión Europea se enfrenta aquí a una decisión política clara. Mantener una posición crítica frente a los autoritarismos no puede traducirse en la aceptación tácita de intervenciones ilegales. El alineamiento automático o el silencio debilitan cualquier pretensión europea de actuar como garante del derecho internacional y del sistema multilateral.

La Doctrina Monroe no ha regresado como declaración, sino como práctica. Ha sido actualizada con nuevos objetivos y en un contexto distinto, pero conserva su núcleo: la afirmación unilateral de poder sobre un espacio considerado propio. Identificar esta lógica no es un ejercicio histórico, sino una necesidad para comprender la deriva actual del orden internacional y sus consecuencias.

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