En pleno debate sobre el futuro del Sáhara Occidental y ante el intento de situar la autonomía bajo soberanía marroquí como única salida posible, Haddamin Moulud Said propone recuperar una vía jurídica con un fuerte valor histórico y político: promover una nueva opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia para volver a colocar la autodeterminación del pueblo saharaui en el centro del expediente.

Artículo remitido por su autor a NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL.

En 1974, Marruecos promovió una consulta a la Corte Internacional de Justicia cuando el referéndum, anunciado por España, amenazaba sus pretensiones expansionistas. Hoy, los saharauis podrían impulsar esa misma vía para cuestionar la locura estadounidense de imponerles la autonomía.

Ante el intento estadounidense de convertir la autonomía bajo soberanía marroquí en la única solución para el Sáhara Occidental, los saharauis necesitan una iniciativa que dispute el fundamento jurídico de esa imposición y altere su curso político. Promover una nueva opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sería una opción de primer orden.

El precedente está en la propia historia del conflicto. En 1974, cuando España había anunciado un referéndum de autodeterminación y Marruecos afrontaba la posibilidad de que la independencia saharaui cerrase el paso a su incontenible voracidad territorial, Hassan II, promovió el recurso a La Haya. Hoy, con las posiciones invertidas, los saharauis pueden impulsar una consulta para impedir que una mayoría circunstancial en el Consejo de Seguridad se presente como sustituto de su voluntad.

España había comunicado su intención de celebrar el referéndum durante el primer semestre de 1975, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. La consulta debía dar cumplimiento a las resoluciones de la Asamblea General sobre la autodeterminación del territorio. Para Marruecos, el peligro era evidente: una decisión favorable a la independencia, adoptada mediante un procedimiento internacionalmente supervisado, habría abortado definitivamente su pretensión de fagocitar el territorio. El resultado no estaba jurídicamente predeterminado, pero Rabat tenía razones para temerlo.

La iniciativa de Hassan II permitió trasladar el debate a otro escenario. En septiembre de 1974 propuso acudir a la Corte; en diciembre, la Asamblea General solicitó la opinión consultiva y pidió expresamente a España aplazar el referéndum. El procedimiento que debía conducir a la decisión de los saharauis quedó pendiente de un examen sobre la condición del territorio, antes de la colonización y sus vínculos jurídicos con Marruecos y la entidad mauritana.

Marruecos consiguió así una interrupción política importante. Introdujo una cuestión previa, ganó tiempo y logró que sus fabulaciones historicistas ocuparan el centro de la discusión internacional. La Corte no acabaría reconociendo el título de soberanía que buscaba, pero acudir a ella había permitido modificar el desarrollo inmediato de los acontecimientos.

La situación que se plantea ahora presenta una semejanza estratégica clara. Estados Unidos promueve un marco que pretende cerrar la negociación alrededor de la autonomía bajo soberanía marroquí. Si ese planteamiento se convierte en resolución, se intentará presentar el resultado como un horizonte inevitable: los saharauis podrían discutir sus condiciones, pero no escoger libremente entre alternativas.

Frente a ese cierre, una nueva consulta permitiría devolver al centro la cuestión que el proyecto desplaza: ¿puede establecerse el estatuto definitivo del Sáhara Occidental sin una expresión libre y auténtica de la voluntad de su pueblo?

Los saharauis tienen razones para llevar esa pregunta al principal órgano judicial de las Naciones Unidas. La resolución de un órgano político merece un examen jurídico cuando se interpreta como autorización para predeterminar el destino de un territorio pendiente de descolonización. El Consejo tiene responsabilidades en materia de paz y seguridad, pero la propia Carta exige que las ejerza de acuerdo con los propósitos y principios de la Organización.

La consulta debería formularse con precisión. No hace falta volver a preguntar si existen vínculos históricos que permitan sustituir la autodeterminación. En 1975, la Corte concluyó que los vínculos examinados no constituían vínculos de soberanía territorial capaces de alterar la aplicación de ese principio mediante la libre y auténtica expresión de la voluntad del pueblo del territorio.

La pregunta actual debe abordar las consecuencias de intentar eludir esa voluntad. Una formulación posible sería:

¿Qué consecuencias jurídicas se derivan de establecer la autonomía bajo soberanía marroquí como única solución para el Sáhara Occidental sin una expresión libre y auténtica de la voluntad del pueblo del territorio, y qué obligaciones corresponden a las Naciones Unidas y a los Estados respecto de su derecho de autodeterminación?

Una iniciativa de esa naturaleza obligaría a examinar la diferencia entre favorecer una propuesta y atribuirle capacidad para resolver definitivamente el estatuto del territorio. También permitiría discutir si las consultas con determinados sectores, los beneficios económicos o el respaldo de terceros Estados pueden presentarse como equivalentes al consentimiento del pueblo saharaui.

El Polisario no puede solicitar directamente esa opinión, ni tampoco puede hacerlo un Estado por su sola voluntad. Sin embargo, uno o varios Estados pueden promover una resolución para que la Asamblea General formule la solicitud conforme al artículo 96 de la Carta. La tarea inmediata consistiría en construir esa mayoría y acordar una pregunta jurídicamente sólida.

El efecto buscado sería tanto jurídico como político. La apertura del procedimiento permitiría cuestionar la supuesta inevitabilidad de la autonomía, movilizar apoyos y exigir a los Estados que expliquen cómo compatibilizan su posición con el derecho de autodeterminación. Una controversia presentada como asunto resuelto volvería a quedar sometida a un examen internacional público.

Conviene precisar el alcance de ese freno. La solicitud no suspendería automáticamente una resolución del Consejo ni paralizaría por sí sola la retirada de observadores o la transformación de la misión. Por eso debería acompañarse de una exigencia diplomática expresa: mientras la Corte examina la cuestión, los órganos de las Naciones Unidas y los Estados deben evitar decisiones que predeterminen el estatuto del territorio o priven de contenido práctico a la futura respuesta.

En 1974, el aplazamiento fue una decisión política incorporada a la resolución de la Asamblea. El precedente demuestra que la consulta judicial puede acompañarse de medidas políticas para preservar su utilidad. Conseguirlas hoy exigiría negociación y apoyos; no surgirían automáticamente de la presentación de la pregunta.

La inversión histórica es reveladora. Marruecos recurrió a La Haya cuando el proceso de autodeterminación amenazaba con frustrar sus aspiraciones. Los saharauis pueden recurrir, ahora, a ese cauce cuando se pretende frustrar su derecho mediante la imposición de una única salida. Quienes aceptaron entonces someter cuestiones jurídicas a la Corte difícilmente pueden descalificar hoy ese instrumento por el mero hecho de que lo impulsen quienes defienden la autodeterminación.

No se trata de atribuir a la Corte la capacidad de resolver por sí sola el conflicto. Se trata de utilizar una vía legítima para frenar la consolidación de una imposición, disputar su pretendida legalidad y recuperar iniciativa diplomática.

En 1974, Marruecos consiguió que la comunidad internacional se detuviera a examinar sus reclamaciones antes de que los saharauis pudieran votar. Hoy, los saharauis pueden exigir que esa misma comunidad examine sus obligaciones antes de presentar la soberanía marroquí como un destino decidido.

La Haya ya respondió una vez que los vínculos invocados no desplazaban la autodeterminación. Ahora podría ser llamada a precisar qué consecuencias tiene intentar sustituirla por una autonomía impuesta. Promover esa pregunta sería una forma concreta de resistir el cierre político que se anuncia y de recordar que el futuro del Sáhara Occidental sigue teniendo un titular: pueblo saharaui.

Haddamin Moulud Said
En Tifuda, a 24 de octubre de 2026