El Congreso aprobó ayer la ley de nacionalidad española para las personas saharauis y la envió al Senado. Es un paso político y parlamentario de enorme importancia y debe reconocerse como tal. Pero la tramitación todavía no ha terminado: queda la Cámara Alta, la aprobación definitiva, la publicación en el BOE y su posterior entrada en vigor. Celebrar lo conseguido y explicar con precisión lo que aún falta es hoy nuestra posición editorial.
LA LECTURA DEL DÍA | 11 de septiembre de 2026 – NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL
Lo ocurrido ayer en el Congreso merece ser celebrado. Por 168 votos a favor, 31 en contra y 145 abstenciones, la Cámara Baja aprobó el texto de la ley de nacionalidad española para las y los saharauis nacidos bajo administración española y lo remitió al Senado. Después de años de intentos, bloqueos y cambios de posición, la reivindicación ha superado una etapa fundamental de su recorrido parlamentario. No fue una declaración de intenciones ni una votación preliminar: el Congreso aprobó el texto que ahora continúa su tramitación en la Cámara Alta.
La jornada dejó además algo que conviene conservar más allá del resultado de la votación. Como recogimos ayer en «Qué se ha dicho en el Congreso sobre la ley de nacionalidad saharaui», buena parte del debate estuvo atravesado por conceptos que durante demasiado tiempo han quedado fuera de la discusión política española: reparación histórica, responsabilidad de España, abandono del pueblo saharaui y derecho a la autodeterminación. Después llegó el resultado, que contamos en «El Congreso aprueba el dictamen de la Ley de Nacionalidad saharaui por 168 votos». Los dos textos forman parte de una misma fotografía: lo que se votó y también lo que el Sáhara Occidental consiguió llevar de nuevo a la tribuna del Congreso.
Ahora comienza otra etapa y es importante no confundirla con el final. El texto pasa al Senado, que puede aprobarlo tal como llega del Congreso, introducir enmiendas o plantear un veto. Dependiendo de lo que suceda allí, la iniciativa podrá tener que regresar a la Cámara Baja antes de quedar definitivamente aprobada por las Cortes Generales. Después vendrán su publicación en el Boletín Oficial del Estado y los plazos establecidos por la propia norma para su entrada en vigor. Por eso ayer planteábamos deliberadamente una pregunta incómoda en «¿A cuántos saharauis da hoy la nacionalidad española lo aprobado por el Congreso?». La respuesta sigue siendo ninguno: no porque lo conseguido carezca de importancia, sino porque todavía no existe un procedimiento abierto al que puedan acogerse desde hoy las personas beneficiarias.
Hay además una cuestión que para nosotros resulta esencial. Esta ley puede convertirse en una reparación de enorme trascendencia para saharauis y familias que arrastran desde hace décadas las consecuencias de la retirada española, pero la nacionalidad española no sustituye la descolonización del Sáhara Occidental ni el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro. Son planos distintos y compatibles. Reconocer una deuda con quienes nacieron en un territorio entonces administrado por España no libera a España de su responsabilidad política ante una cuestión de descolonización que continúa pendiente. Precisamente por eso fue importante escuchar ayer en el Congreso tantas referencias al abandono de 1975 y a la autodeterminación.
Nuestra posición después de lo ocurrido es, por tanto, clara: hay motivos para celebrar y también razones para seguir atentos. Los 168 votos del Congreso constituyen un avance que no vamos a minimizar; del mismo modo, no vamos a presentar como terminado un recorrido que continúa ahora en el Senado. Seguiremos esa tramitación, explicaremos cualquier cambio que pueda sufrir el texto y diremos cuándo la ley esté definitivamente aprobada, publicada y pueda comenzar realmente a aplicarse. Mientras tanto, recuperamos hoy toda la cobertura de una jornada que ha devuelto al pueblo saharaui al centro del debate parlamentario español y que puede haber abierto, por fin, el camino hacia una reparación demasiado tiempo aplazada.