La pregunta puede parecer extraña después de una tarde como esta. El Congreso acaba de aprobar, con 168 votos a favor, 31 en contra y 145 abstenciones, el dictamen de la proposición de ley que abre una vía específica para que los saharauis nacidos bajo administración española puedan acceder a la nacionalidad española. Hemos visto los aplausos, la emoción de los saharauis presentes en la tribuna y la satisfacción lógica de quienes llevan años trabajando para que esta iniciativa avanzara. Pero si la pregunta es cuántos saharauis pueden obtener hoy la nacionalidad española gracias a lo aprobado por el Congreso, la respuesta es muy sencilla: ninguno.
Y creo que hay que decirlo precisamente hoy, cuando la alegría por el resultado puede hacer pensar a muchas personas que el proceso ha terminado. No escribo esto para quitar importancia a lo sucedido, sino justamente porque se la doy. Después de años de iniciativas frustradas, obstáculos parlamentarios y cambios de posición, conseguir que el dictamen supere el Congreso con 168 votos favorables y con solo 31 votos en contra es un paso enorme. Pero una cosa es que la proposición haya superado una etapa fundamental y otra muy distinta que exista ya una ley en vigor que permita iniciar mañana los trámites para obtener la nacionalidad española.
Pienso especialmente en quienes pueden verse afectados. En las familias que llevan meses preguntando qué documentos necesitarán, en quienes conservan un viejo DNI español, un libro de familia, una partida de nacimiento o cualquier otro papel de aquella administración española que abandonó el Sáhara Occidental y a sus habitantes. Sería muy fácil que, después de escuchar que «el Congreso ha aprobado la nacionalidad saharaui», alguno pensara que mañana puede acudir a un consulado, a un registro o entrar en una página de la Administración para presentar su solicitud. No es así. Todavía no.
Lo que ha ocurrido hoy es que el Congreso ha aprobado el dictamen de una proposición de ley. Ahora el texto tiene que pasar al Senado, donde continuará su tramitación. La Cámara Alta puede aprobarlo tal como ha llegado, pero también puede introducir enmiendas o vetarlo, supuestos que obligarían a que el Congreso volviera a intervenir. Hasta que ese recorrido no concluya, no tendremos una ley definitivamente aprobada.
Y después todavía habrá que esperar. Cuando termine la tramitación parlamentaria, la norma deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado y el texto que hoy ha aprobado el Congreso establece que entrará en vigor cuatro meses después de su publicación en el BOE. Este detalle es importante porque sitúa las cosas en su verdadera dimensión: ni siquiera la publicación de la futura ley significará que al día siguiente puedan comenzar a presentarse solicitudes.
Cuando finalmente entre en vigor llegará otra etapa, quizá menos vistosa que la votación de esta tarde, pero decisiva para cada persona que espere beneficiarse de ella. Habrá que presentar una solicitud, demostrar que se cumplen los requisitos, aportar la documentación correspondiente y esperar la resolución administrativa. La nacionalidad española no aparecerá automáticamente con la aprobación de la ley ni se concederá colectivamente a quienes entren dentro de los supuestos previstos.
Por eso me parece compatible celebrar y advertir. No se trata de debilitar la importancia de lo aprobado hoy, ni mucho menos de enfriar una alegría que entiendo y comparto. Se trata de evitar que alguien que lleva demasiado tiempo esperando interprete que la votación de esta tarde es el final del proceso y descubra después que todavía quedan meses y varios trámites por delante. Bastante ha esperado ya el pueblo saharaui como para añadir ahora falsas expectativas por contar deprisa lo que jurídicamente todavía no ha sucedido.
La imagen de los saharauis aplaudiendo desde la tribuna del Congreso merece quedarse como una de las imágenes de esta jornada. Hay razones para esos aplausos. La proposición ha superado una etapa que no estaba garantizada cuando comenzó su recorrido y lo ha hecho después de un debate en el que la deuda de España con el pueblo saharaui ha vuelto a entrar en el corazón de las Cortes. Eso tiene un valor político que no pienso minimizar.
Pero precisamente porque hoy podemos celebrar un avance importante, también podemos llamar a las cosas por su nombre. El Congreso ha aprobado el dictamen; no ha terminado la tramitación de la ley y hoy ningún saharaui puede iniciar todavía, al amparo de ella, el procedimiento para obtener la nacionalidad española. Ahora viene el Senado, después la culminación del recorrido parlamentario, la publicación en el BOE, los cuatro meses previstos hasta su entrada en vigor y, finalmente, las solicitudes individuales.
La Ley de Nacionalidad saharaui está hoy bastante más cerca que ayer. Y eso es una magnífica noticia. Pero todavía tiene camino por delante. Contarlo también forma parte de acompañar con responsabilidad a quienes llevan demasiado tiempo esperando llegar al final.