A una década le puede separar la inmensidad de un desierto. Dos actos teatrales separados por un abismo. El actual ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, que mantiene hoy la práctica de asignar intérpretes marroquíes a solicitantes de asilo saharauis en contra de la recomendación del Defensor del Pueblo, se hallaba hace diez años en las antípodas. Como magistrado de la Audiencia Nacional, presidía la Sala de lo Penal que consideró a España la «potencia administradora de iure» del Sáhara Occidental, una calificación que niega ahora su compañero de Consejo de Ministros, el ministro de Exteriores José Manuel Albares y la nueva política exterior del PSOE.

Acto primero: Marlaska magistrado

El auto número 40 de 2014 de la Audiencia Nacional, que lleva la firma de Grande-Marlaska como presidente de la sala, partía de una querella contra altos cargos del Gobierno marroquí -entre ellos, los ministros de Defensa, Interior y Exteriores- por el brutal desalojo de Gdeim lzik (El campamento de la dignidad), el campo instalado por activistas saharauis a las afueras de El Aaiún, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, entre octubre y noviembre de 2010. «Las fuerzas de seguridad del Reino de Marruecos produjeron desapariciones, agresiones físicas, torturas y asesinatos. Entre ellos, la muerte violenta del ciudadano español Baby Uamda», explica el auto que rechazó el sobreseimiento del caso.

En las consideraciones de la resolución de la Audiencia Nacional, los magistrados proporcionan un recorrido por la historia del Sáhara Occidental y subrayan que, «al ingresar en la ONU y firmar la Carta de las Naciones», el Estado español «reconoció el hecho colonial del Sahara español, contrayendo una serie de obligaciones, convirtiéndose en potencia administradora».

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