El próximo mes de julio expira el acuerdo de pesca ilegal suscrito entre la Unión Europea (UE) y Marruecos a través del cual se explota el Sáhara Occidental. Cinco sentencias del Tribunal General Europeo (TGE) ya lo han dado por ilegal al entender que ese banco de pesca pertenece al pueblo saharaui y, por tanto, es con el Frente Polisario y no Rabat quien debería negociarlo. Bruselas ya ha avanzado que no habrá prórroga, no al menos hasta que el TGE resuelva el recurso de la última sentencia que lo invalida. ¿Cambiará algo?
Ni siquiera tendrían que haber sido necesarias las cinco sentencias que respaldan al pueblo saharaui, declarando ilegal este acuerdo sobre un territorio ilegalmente ocupado; el Derecho Internacional tendría que haber guiado a la UE para rechazar cualquier protocolo con Marruecos que afecte al Sáhara Occidental, pues lo ha invadido. El mejor ejemplo para que cualquiera lo entienda lo encontramos estos días en Ucrania: ¿se imaginan a Bruselas negociando un acuerdo comercial con Rusia para explotar los cereales en los territorios que ha invadido? Nadie lo entendería, pero eso es, precisamente, lo que sucede desde hace décadas en el Sáhara Occidental.
Lo que en el caso de Ucrania se asume como una barbaridad intolerable, cuando se traslada a la ocupación ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos pierde peso. La desfachatez con la que se blanquea esta violación del Derecho Internacional roza lo esperpéntico, tanto a nivel político -con el infame cambio de postura unilateral de Pedro Sánchez– como empresarial. Escuchar a Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), solicitar a la Justicia europea que considere al Sáhara Occidental un territorio no autónomo administrado ‘de facto’ por Marruecos y le inste a que deje las cuestiones políticas en manos de la ONU evidencia su catadura moral.
Los tentáculos del lobby marroquí se extienden por todas partes, como ha demostrado la red de sobornos a eurodiputados con el Morocco Gate. (…)
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