
La ofensiva jurídica contra los vuelos de Ryanair entre Madrid y Dajla, en el Sáhara Occidental ocupado, ha dado un nuevo paso. El Frente POLISARIO ha presentado una reclamación administrativa ante el Ministerio de Transportes para exigir la anulación de las autorizaciones concedidas a la compañía irlandesa. La iniciativa concreta las actuaciones anunciadas durante la 50.ª EUCOCO y abre la posibilidad de acudir a los tribunales si la Administración española no atiende la solicitud.
Durante los últimos meses, los vuelos de Ryanair a Dajla se han convertido en uno de los ejemplos más visibles de la normalización económica de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. La conexión aérea con Madrid plantea una cuestión que va más allá del turismo: qué fundamento jurídico permite a las autoridades españolas autorizar vuelos comerciales hacia un territorio que no forma parte de Marruecos.
La cuestión volvió a plantearse el pasado viernes durante la EUCOCO, cuando la diputada Tesh Sidi anunció que se estaban desarrollando iniciativas para detener estos vuelos mediante la legislación española y las resoluciones judiciales europeas. Aquellas actuaciones se concretan ahora en una reclamación formal presentada por el Frente POLISARIO.
El escrito, firmado por su representante en España, Abdellahi Ahmed Arabi, solicita la nulidad de los derechos de tráfico aéreo asignados a Ryanair y de las autorizaciones administrativas correspondientes a la ruta Madrid-Dajla, operada con dos frecuencias semanales.
El fundamento de la reclamación es el estatuto jurídico diferenciado del Sáhara Occidental. La jurisprudencia europea ha establecido que el territorio no forma parte de Marruecos. En materia de aviación, una resolución judicial de noviembre de 2018 excluyó el Sáhara Occidental del ámbito de aplicación del acuerdo aéreo entre la Unión Europea y Marruecos.
Además, en diciembre de 2024, la Comisión Europea comunicó a las aerolíneas que las conexiones entre los Estados miembros y el Sáhara Occidental no estaban cubiertas por dicho acuerdo.
El Frente POLISARIO sostiene que las autorizaciones concedidas por España carecen de la cobertura jurídica necesaria. La reclamación cuestiona también el papel de las autoridades españolas responsables de los permisos y de la gestión del tráfico aéreo, incluida la intervención de ENAIRE.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia contra las actividades económicas que contribuyen a presentar Dajla como un destino turístico marroquí, ignorando su condición de ciudad del Sáhara Occidental ocupado.
Los vuelos no han sido suspendidos. La reclamación abre un procedimiento administrativo que podría desembocar en una actuación judicial. Pero introduce una exigencia concreta: que el Gobierno español explique sobre qué fundamento jurídico permite operar una conexión aérea que afecta a un territorio pendiente de descolonización.
Después de las declaraciones y las denuncias, llega una actuación formal. Ahora corresponde a Transportes responder.
Fuente: Público, 16 de noviembre de 2026.
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