Durante décadas, la cuestión del Sáhara Occidental estuvo vinculada principalmente al derecho internacional, la descolonización y el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Sin embargo, en los últimos años empieza a percibirse un desplazamiento progresivo del discurso político y diplomático hacia otro terreno muy distinto: el de la seguridad regional, el terrorismo y la estabilidad estratégica.
El cambio no es menor. Porque cuando un conflicto deja de abordarse como un problema jurídico pendiente de resolución y empieza a presentarse como una cuestión de seguridad, también cambian las prioridades internacionales, los marcos de análisis y la percepción pública del propio conflicto.
Cada vez resulta más visible la aparición de narrativas que intentan vincular al Frente Polisario, a los campamentos de refugiados saharauis o incluso a la propia reivindicación de autodeterminación con conceptos relacionados con la inestabilidad regional, el Sahel, Irán o las amenazas transfronterizas. En Washington, algunos sectores políticos y mediáticos próximos a posiciones favorables a Marruecos llevan tiempo impulsando ese enfoque.
El proyecto impulsado recientemente por varios senadores estadounidenses próximos a Ted Cruz contra el Frente Polisario representa precisamente ese giro. Más allá de su recorrido legislativo real, la importancia política de este tipo de iniciativas reside en otra cuestión: desplazar el centro del debate desde el derecho internacional hacia el lenguaje de la seguridad y la sospecha.
No es casualidad que este cambio de discurso coincida con un contexto marcado por nuevas alianzas militares, ejercicios conjuntos como AFRICAN LION, inversiones estratégicas en el Sáhara Occidental ocupado y el creciente interés internacional por el Sahel y las rutas energéticas africanas.
La lógica resulta relativamente evidente: transformar un conflicto de descolonización pendiente en un expediente de estabilidad regional permite reducir el peso político de la autodeterminación y reforzar la imagen de Marruecos como socio imprescindible de Occidente en materia de seguridad, migración y lucha antiterrorista.
Sin embargo, el problema de fondo sigue siendo exactamente el mismo que hace décadas. El Sáhara Occidental continúa figurando en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. La MINURSO sigue existiendo oficialmente como misión encargada de organizar un referéndum de autodeterminación. Y ni la ONU, ni el Tribunal Internacional de Justicia, ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han reconocido jamás soberanía marroquí sobre el territorio.
Por eso algunos analistas empiezan a advertir de un riesgo cada vez más visible: que el lenguaje securitario termine sustituyendo progresivamente al jurídico y político. Y cuando eso ocurre, la propaganda puede acabar funcionando como herramienta de presión diplomática.
El problema no es únicamente cómo se presenta el conflicto ante la opinión pública internacional. El problema es que convertir la cuestión saharaui en un asunto prioritariamente securitario puede servir para justificar políticas de presión, vigilancia o criminalización contra actores saharauis cuya reivindicación central sigue siendo, formalmente, la autodeterminación reconocida por el derecho internacional.
También en el terreno económico se observa un fenómeno parecido. La promoción de inversiones extranjeras en el Sáhara Occidental ocupado —puertos, energías renovables, pesca o infraestructuras— se presenta cada vez más como parte de una estrategia de estabilidad y desarrollo regional. Sin embargo, numerosas organizaciones y resoluciones judiciales europeas recuerdan que el problema jurídico de fondo sigue sin resolverse: el consentimiento del pueblo saharaui continúa siendo una cuestión central según la legalidad internacional.
En paralelo, el discurso sobre el Sáhara Occidental empieza a mezclarse cada vez más con las dinámicas geopolíticas del Sahel. La inestabilidad regional, la competencia estratégica entre potencias, las rutas energéticas y la creciente militarización del norte de África están alterando también la forma en que muchos gobiernos observan la cuestión saharaui.
Pero el riesgo de ese enfoque es evidente: cuando la seguridad sustituye al derecho internacional como marco principal de interpretación, el pueblo saharaui deja de aparecer como sujeto de autodeterminación y empieza a ser percibido únicamente a través del prisma de la estabilidad regional y los intereses estratégicos.
La cuestión de fondo quizá no sea únicamente qué piensa Marruecos. La cuestión verdaderamente importante es si parte de la comunidad internacional empieza a aceptar progresivamente ese cambio de marco narrativo.
Porque si el Sáhara Occidental deja de verse como un proceso de descolonización pendiente y pasa a tratarse principalmente como un expediente de seguridad, también cambiará la manera en que el mundo interprete el conflicto en los próximos años.
— Carlos C. García