La reacción de varios medios marroquíes a la votación del Congreso sobre la Ley de Nacionalidad saharaui ofrece una imagen muy clara de cómo se intenta encuadrar esta cuestión desde Rabat: no como una medida de reparación hacia personas nacidas bajo administración española, sino como una decisión española contra Marruecos. Hemos revisado directamente algunas de las principales publicaciones para comprobar cómo presentan una ley cuyo texto ha sido aprobado por el Congreso y enviado al Senado.

El caso más evidente es Le360. Su artículo no parte de los derechos de las personas saharauis ni del vínculo jurídico creado durante la administración española, sino de la idea de que España estaría interviniendo en una cuestión que el medio presenta como vinculada a la «integridad territorial» marroquí. Desde ese punto de partida, la ley deja de ser una respuesta a una reivindicación histórica y pasa a describirse como un instrumento político frente a Marruecos.

Le360 utiliza además una formulación especialmente significativa: acusa a España de «resucitar el legado franquista» al apoyarse en los vínculos jurídicos creados durante el periodo colonial. El argumento sirve después para cuestionar que pueda hablarse de restitución o recuperación de la nacionalidad y para plantear que Madrid pretende decidir quién es saharaui. La cuestión de fondo —la relación histórica entre España y la población saharaui— queda desplazada hacia una discusión sobre soberanía marroquí.

La pieza va todavía más lejos cuando introduce los campamentos de población refugiada. Le360 especula con que un pasaporte español podría facilitar la salida de saharauis hacia Europa y debilitar las estructuras del Frente POLISARIO. La nacionalidad deja así de ser presentada como un derecho o una reparación y pasa a ser interpretada como una herramienta capaz de alterar el equilibrio político del movimiento nacional saharaui.

Assahifa ha seguido una línea también muy politizada. Entre sus análisis aparecen de nuevo las consecuencias para Marruecos, las relaciones con España y el futuro del conflicto. Uno de sus editoriales lo resumía con un título difícilmente más explícito: «El Polisario bajo la corona española». El encuadre vuelve a ser el mismo: una medida española relacionada con los saharauis es reinterpretada en función de sus posibles efectos sobre Marruecos y sobre el movimiento de liberación saharaui.

Hay otras coberturas menos abiertamente ideológicas. Médias24 ha explicado principalmente el contenido de la norma, el resultado de la votación, la carta de naturaleza, los requisitos documentales y el paso al Senado. TelQuel también ha dedicado buena parte de su información a describir el alcance de la iniciativa y su recorrido parlamentario, aunque situándola dentro del contexto de las relaciones entre Madrid y Rabat.

Pero el elemento más llamativo de buena parte de esta cobertura está precisamente en el desplazamiento del foco. Una ley que nace de la relación histórica entre España y los saharauis es presentada una y otra vez en términos de Marruecos, de su «integridad territorial», de los campamentos o del POLISARIO. El sujeto de la noticia deja de ser quien puede acceder a un derecho y pasa a ser quien considera ese derecho una amenaza.