La ley de nacionalidad saharaui abre una nueva etapa política que todavía está lejos de cerrarse

Dos días después de la votación en el Congreso, la Ley de Nacionalidad saharaui sigue ocupando un espacio central en la vida política y mediática española. La repercusión en la prensa nacional, la reacción de los medios marroquíes y el debate abierto sobre las responsabilidades de España confirman que no estamos ante una noticia pasajera. Pero conviene insistir en algo esencial: se ha abierto una nueva etapa, no se ha cerrado el proceso.

LA LECTURA DEL DÍA | 12 de septiembre de 2026 – NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL

La aprobación del texto por el Congreso, con 168 votos a favor, 31 en contra y 145 abstenciones, ha convertido la cuestión de la nacionalidad saharaui en uno de los asuntos políticos destacados de estos días. Ayer comprobábamos cómo la ley ocupaba los grandes medios españoles, con enfoques muy distintos pero con un denominador común: el Sáhara Occidental volvía a entrar de lleno en la agenda nacional. Reparación histórica, responsabilidad de España, relaciones con Marruecos, giro político de 2022 y descolonización pendiente aparecieron de nuevo en titulares, tertulias y análisis.

La reacción al otro lado tampoco ha sido menor. En la prensa marroquí, algunos medios han presentado la iniciativa como una decisión dirigida contra Marruecos, desplazando el centro del debate desde los derechos de las personas saharauis hacia la llamada «integridad territorial», el Frente POLISARIO o los campamentos de población refugiada. Esa lectura demuestra hasta qué punto una cuestión aparentemente jurídica ha adquirido también una dimensión política y diplomática mucho más amplia.

Pero precisamente por la importancia alcanzada por el asunto es necesario mantener la precisión. Como señalábamos ayer en LA LECTURA DEL DÍA, el Congreso ha aprobado el texto y lo ha remitido al Senado, pero el recorrido parlamentario continúa. La Cámara Alta puede aprobarlo tal como está, introducir modificaciones o plantear un veto. Después, según lo que ocurra, puede ser necesario un nuevo paso por el Congreso antes de la aprobación definitiva, la publicación en el BOE y su entrada en vigor.

Ese recorrido no es un simple trámite administrativo. Existen riesgos. Una modificación sustancial en el Senado puede alterar el alcance de la norma, un veto obligaría a una nueva batalla parlamentaria y cualquier cambio político de gran calado puede afectar a los tiempos de una iniciativa que todavía no ha culminado su recorrido. Por eso conviene evitar dos extremos: minimizar lo ocurrido en el Congreso o presentar como definitivamente resuelto algo que todavía no lo está. El avance es real, pero también lo es la incertidumbre de la etapa que comienza ahora.

Hay además un efecto político que merece atención. Durante años, la cuestión saharaui fue tratada demasiadas veces en España como un asunto incómodo que podía mantenerse fuera del primer plano. La votación del jueves ha demostrado lo contrario. El Sáhara Occidental ha vuelto al centro del debate parlamentario y mediático español, y lo ha hecho precisamente alrededor de una cuestión que obliga a mirar hacia la historia de España, hacia las consecuencias de 1975 y hacia una responsabilidad que no desaparece porque hayan pasado cincuenta años.

Nuestra lectura, por tanto, no cambia: hay razones para valorar lo conseguido y razones igualmente importantes para seguir atentos. El proceso de la nacionalidad saharaui ha dado un paso enorme, pero todavía no ha terminado. Y mientras avanza hacia el Senado, ya ha logrado algo que tampoco es menor: volver a colocar al pueblo saharaui, sus derechos y la responsabilidad histórica de España en el centro de una conversación política que durante demasiado tiempo se intentó dar por cerrada.