En diciembre de 2020, la administración del entonces presidente estadounidense Donald Trump anunció que Estados Unidos reconocía la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. La decisión se produjo en un contexto diplomático muy concreto: la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel en el marco de los llamados Acuerdos de Abraham, impulsados por Washington para reconfigurar alianzas en Oriente Próximo y el norte de África.

El anuncio estadounidense expresó también un respaldo explícito al plan de autonomía propuesto por Marruecos, presentado por Rabat en 2007 como base para resolver el conflicto. Según la posición de la administración Trump, ese plan constituía la única base “realista, creíble y duradera” para una solución política. Al mismo tiempo, Washington manifestó su intención de promover inversiones y desarrollo económico en la región, incluyendo el territorio del Sáhara Occidental, y anunció la apertura de un consulado en la ciudad de Dajla con fines económicos y comerciales.

La decisión tuvo un impacto político significativo, ya que supuso un cambio respecto a la tradicional postura de neutralidad mantenida por Estados Unidos durante décadas en el marco de las negociaciones auspiciadas por Naciones Unidas. Sin embargo, el alcance jurídico de esta posición es limitado. En el plano del derecho internacional, el estatus del Sáhara Occidental no puede determinarse mediante decisiones unilaterales adoptadas por terceros Estados.

Las Naciones Unidas siguen considerando el Sáhara Occidental como un territorio no autónomo pendiente de descolonización, inscrito desde 1963 en la lista de territorios que deben completar ese proceso. De acuerdo con este marco jurídico, el principio central que debe regir la solución del conflicto es el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, reconocido por la Asamblea General de la ONU y reiterado en numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad.

En este sentido, el propio sistema de Naciones Unidas continúa manteniendo activa la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), creada en 1991 tras el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario. La misión fue concebida para supervisar el cese de hostilidades y organizar un referéndum que permitiera a la población del territorio decidir su futuro político.

Por otra parte, en el ámbito jurídico europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado en varias sentencias que el Sáhara Occidental es un territorio “separado y distinto” de Marruecos. Estas decisiones han subrayado que cualquier actividad económica o acuerdo internacional que afecte al territorio debe contar con el consentimiento del pueblo saharaui, considerado titular del derecho de autodeterminación.

Desde esta perspectiva, el reconocimiento anunciado por la administración Trump constituye sobre todo una posición política de Estados Unidos, con implicaciones diplomáticas relevantes dentro de la geopolítica regional, pero sin capacidad para alterar por sí sola el marco jurídico internacional que regula el proceso de descolonización del Sáhara Occidental.

Además, el propio funcionamiento del sistema internacional muestra los límites de este tipo de decisiones. El reconocimiento de soberanía sobre un territorio en disputa no depende de la posición de un único Estado, por influyente que sea, sino de un proceso internacional basado en el derecho y en los mecanismos establecidos por Naciones Unidas. Por ello, a pesar del impacto político del anuncio estadounidense, el conflicto del Sáhara Occidental sigue encuadrado dentro del proceso de descolonización pendiente que la comunidad internacional no ha logrado resolver desde hace casi medio siglo.

En definitiva, el posicionamiento adoptado por Washington en 2020 refleja sobre todo una lectura geopolítica del conflicto en el contexto de los equilibrios regionales. Sin embargo, en términos jurídicos, el estatuto internacional del Sáhara Occidental continúa definido por el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y por el marco establecido por Naciones Unidas para la resolución de conflictos de descolonización.

Más de cinco años después de aquella decisión, el contexto internacional confirma en buena medida estos límites. Aunque Estados Unidos no ha revocado formalmente la posición adoptada en 2020, tampoco ha logrado traducir ese reconocimiento en cambios dentro del sistema de Naciones Unidas. El Sáhara Occidental sigue figurando en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización, y el Consejo de Seguridad continúa renovando el mandato de la MINURSO sin reconocer la soberanía marroquí sobre el territorio. En la práctica, esto significa que el conflicto sigue encuadrado en el marco jurídico internacional de la autodeterminación del pueblo saharaui, independientemente de las posiciones políticas adoptadas por determinados Estados.