Una crónica de Juan Carlos Sanz publicada este domingo por EL PAÍS desde El Aaiún aporta nuevos detalles sobre el desmantelamiento de la misión de Naciones Unidas. La salida de su personal, el cierre de instalaciones y el posible traslado de equipos a través de Canarias muestran las consecuencias concretas de una decisión que abre una etapa de incertidumbre en el Sáhara Occidental.
La desaparición de la MINURSO empieza a traducirse en decisiones concretas sobre el terreno. Después de 35 años de presencia internacional, Naciones Unidas organiza la retirada de sus observadores, trabajadores y equipos del Sáhara Occidental. Las operaciones de desmantelamiento ya están en marcha y, según fuentes conocedoras de la situación en El Aaiún, el 31 de diciembre de 2026 se contempla como fecha límite para completar la salida de la misión. Una retirada que afecta tanto a las instalaciones de la ONU como a las personas que han mantenido su funcionamiento durante décadas.
Los primeros pasos muestran hasta qué punto el cierre está avanzando. El personal de Naciones Unidas habría recibido instrucciones para cancelar los contratos de alquiler de sus viviendas antes del 30 de noviembre. Los empleados internacionales deberán abandonar sus puestos y los trabajadores locales afrontarán la desaparición de sus empleos. También se prepara la devolución de edificios utilizados por la misión. Incluso la presencia cotidiana de los vehículos blancos de Naciones Unidas, durante años una imagen habitual en las calles de El Aaiún, comienza a desaparecer.
Canarias aparece ahora como una posible vía logística para la evacuación. La operación podría incluir el traslado de archivos, vehículos, material técnico y aeronaves a través del archipiélago español durante las próximas semanas. Esta posibilidad introduce una dimensión especialmente significativa para España, cuya proximidad geográfica al Sáhara Occidental vuelve a situarla ante las consecuencias prácticas de una crisis sobre la que el Gobierno todavía no ha explicado públicamente su posición.
La retirada afecta también a los puestos de observación distribuidos a ambos lados del muro militar marroquí, así como a la oficina de enlace en Tinduf. Durante décadas, estos emplazamientos permitieron mantener una presencia internacional en zonas alejadas de los núcleos urbanos y facilitaron mecanismos de comunicación entre las partes. Su desaparición plantea interrogantes sobre la vigilancia de los movimientos militares, la prevención de incidentes y la seguridad de un territorio donde las hostilidades se reanudaron en noviembre de 2020.
El final de la misión tiene, además, consecuencias que van más allá de la seguridad. Entre los saharauis que permanecen en los territorios ocupados continúa la preocupación por el futuro político del Sáhara Occidental y por las responsabilidades pendientes de España. A esa incertidumbre se suma la decepción provocada por la caída de la proposición de ley que pretendía facilitar el acceso a la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración colonial. La disolución de las Cortes ha dejado nuevamente sin respuesta una reivindicación que afecta directamente a numerosas familias.
La MINURSO desaparece, pero la cuestión del Sáhara Occidental permanece abierta. El Consejo de Seguridad no consiguió renovar su mandato el pasado 30 de octubre y António Guterres ha encargado a Alexander Ivanko organizar su liquidación. Staffan de Mistura mantiene la mediación diplomática, mientras la Asamblea General se prepara para debatir el martes 10 de noviembre las consecuencias del veto. Entretanto, la retirada avanza sobre el terreno, dejando una pregunta cada vez más urgente: quién garantizará la observación internacional y la prevención de incidentes cuando la última instalación de la MINURSO haya cerrado sus puertas.
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MÁS INFORMACIÓN
- Sáhara Occidental | La ONU encarga a Ivanko desmantelar la MINURSO mientras De Mistura continúa la mediación política.
- Sáhara Occidental | Después de la MINURSO, cuatro claves para un futuro todavía por decidir.
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