La desaparición de la MINURSO ha abierto una situación inédita en el Sáhara Occidental, pero no ha cerrado el debate internacional sobre su futuro. El próximo 10 de noviembre, la Asamblea General de Naciones Unidas examinará lo sucedido en el Consejo de Seguridad y ofrecerá a los Estados miembros una oportunidad para pronunciarse sobre el fracaso de las votaciones y el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Mientras Marruecos celebra el cierre de la misión y Naciones Unidas advierte de los riesgos para la estabilidad regional, el Gobierno español todavía no ha hecho pública una posición específica sobre su desaparición. ¿Aprovechará España la Asamblea General para explicar qué piensa hacer ante una situación de tanta trascendencia para el norte de África y su propia frontera sur?
El 30 de octubre, el Consejo de Seguridad fue incapaz de aprobar una resolución sobre el futuro de la MINURSO. El proyecto estadounidense recibió once votos favorables, pero quedó bloqueado por el veto ruso. La propuesta alternativa presentada por Rusia tampoco prosperó: obtuvo únicamente tres votos favorables, lejos de los nueve necesarios. El resultado fue la expiración del mandato de una misión que había permanecido en el Sáhara Occidental desde 1991 y que nunca llegó a organizar el referéndum para el que había sido creada.
Sin embargo, el Consejo de Seguridad no es el único órgano de Naciones Unidas que tiene responsabilidades respecto al Sáhara Occidental. La Asamblea General continúa considerando el territorio una cuestión de descolonización pendiente. Sus resoluciones y los trabajos de la Cuarta Comisión mantienen vigente un principio que ninguna votación del 30 de octubre ha eliminado: el pueblo saharaui tiene derecho a decidir libremente su futuro. La retirada de una misión internacional no equivale a reconocer la soberanía de Marruecos sobre el territorio, ni convierte la propuesta marroquí de autonomía en una solución jurídicamente aceptada por el conjunto de Naciones Unidas.
La reunión del 10 de noviembre se celebrará en aplicación de la Resolución 76/262, aprobada en 2022 para que la Asamblea General pueda debatir las situaciones en las que un miembro permanente del Consejo de Seguridad utiliza el veto. El mecanismo no permite anular ese veto ni sustituir automáticamente las decisiones del Consejo, pero impide que lo sucedido quede encerrado en una votación de quince países. Ante los 193 Estados miembros podrá examinarse qué consecuencias tiene la desaparición de la MINURSO y qué responsabilidades corresponden ahora a la comunidad internacional.
La importancia de esa sesión no estará únicamente en las explicaciones sobre el voto ruso. También habrá que prestar atención a las posiciones que expresen los demás Estados y a las cuestiones que decidan plantear. ¿Se limitarán a lamentar el desacuerdo del Consejo de Seguridad o recordarán que la descolonización del Sáhara Occidental sigue pendiente? ¿Habrá propuestas para mantener alguna forma de presencia internacional, proteger a la población civil o impulsar nuevas negociaciones? ¿Se hablará del derecho de autodeterminación como un principio efectivo o quedará reducido a una fórmula diplomática?
Especialmente llamativa resulta la ausencia de una posición pública del Gobierno español sobre la desaparición de la MINURSO. España no es un actor cualquiera: fue la potencia administradora del Sáhara Occidental, forma parte del Grupo de Amigos del Sáhara Occidental en el Consejo de Seguridad y, desde el giro político de 2022, mantiene una posición favorable a la propuesta marroquí de autonomía. Sin embargo, hasta ahora no ha explicado públicamente cómo valora el cierre de una misión que llevaba 35 años desplegada en un territorio directamente vinculado a su historia y a la estabilidad de su frontera sur. La reunión de la Asamblea General del 10 de noviembre ofrece una oportunidad para romper ese silencio. ¿Explicará Madrid qué consecuencias atribuye a la desaparición de la MINURSO, qué garantías considera necesarias para el pueblo saharaui y cómo piensa contribuir a una solución que respete su derecho de autodeterminación?
Entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre se habrá producido un cambio fundamental: el Sáhara Occidental habrá pasado de contar con una misión de Naciones Unidas, aunque profundamente limitada, a enfrentarse a un futuro sin aquel dispositivo internacional. Lo que no habrá cambiado es la situación jurídica del territorio ni el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. La Asamblea General no dispone de una solución automática para ese vacío, pero sí puede contribuir a impedir que la desaparición de la MINURSO se confunda con el final de la cuestión saharaui.
El Consejo de Seguridad no consiguió acordar qué debía suceder con la MINURSO. Ahora corresponde escuchar qué tienen que decir los demás Estados. Porque el fracaso de una misión no puede convertirse en el abandono de un pueblo ni en el cierre de una descolonización que Naciones Unidas sigue teniendo pendiente.
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