El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez pone fin a la tramitación de la ley de nacionalidad para los saharauis y cierra una legislatura que, para el Sáhara Occidental, quedará marcada sobre todo por el giro iniciado en 2022 en favor de la propuesta marroquí de autonomía. Mientras España entra ya en campaña, octubre continúa avanzando hacia una nueva decisión del Consejo de Seguridad de la ONU.

LA LECTURA DEL DÍA — 6 de octubre de 2026 | NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL

El adelanto electoral anunciado ayer por Pedro Sánchez tiene para los saharauis una consecuencia inmediata y muy concreta: la proposición de ley sobre nacionalidad española que había llegado al Senado decae con la disolución de las Cortes. Después de años de tramitación, de acuerdos, enmiendas, bloqueos y finalmente una aprobación amplia en el Congreso, todo vuelve a quedar interrumpido. No es una cuestión menor ni un simple efecto colateral del calendario político español. Para miles de saharauis era una posibilidad largamente esperada de reconocimiento y reparación.

Pero el final de esta legislatura obliga también a mirar algo más atrás. Para el Sáhara Occidental, estos años quedarán inevitablemente ligados a una decisión que ya forma parte de la historia reciente de la política exterior española: el giro de Pedro Sánchez en marzo de 2022, cuando trasladó a Mohamed VI que España consideraba la propuesta marroquí de autonomía como “la base más seria, creíble y realista” para una solución. Aquel movimiento supuso una ruptura con la posición que España había mantenido durante décadas y acercó claramente la postura del Gobierno español a las tesis defendidas por Rabat.

Para los saharauis, por tanto, no termina una legislatura cualquiera. Termina una etapa en la que España no solo no avanzó en la asunción de sus responsabilidades históricas sobre el territorio, sino que modificó unilateralmente una posición que hasta entonces había mantenido el principio de una solución en el marco de Naciones Unidas sin señalar como preferente una fórmula concreta. Y termina, además, con otra paradoja difícil de ignorar: mientras aquella decisión de 2022 permanece intacta, una ley destinada a reconocer derechos a saharauis nacidos bajo administración española vuelve a quedarse por el camino.

Todo esto ocurre precisamente cuando el Sáhara Occidental entra en uno de los meses más importantes de los últimos años en Naciones Unidas. El informe presentado por António Guterres ha confirmado que las conversaciones de 2026 han avanzado desde las posiciones generales hacia cuestiones mucho más concretas, pero también que la solución final sigue abierta y que el pueblo saharaui deberá poder pronunciarse de manera significativa sobre su futuro. Guterres ha recomendado además prolongar por un año el mandato de la MINURSO, actualmente vigente hasta el 31 de octubre.

Por eso, el final anticipado de la legislatura española no cierra nada esencial en el Sáhara Occidental. Cae una ley, termina una etapa política en Madrid y comienza una campaña electoral, pero el problema de fondo permanece exactamente donde estaba: una descolonización pendiente, un pueblo que sigue esperando ejercer su derecho a la autodeterminación y un Consejo de Seguridad que este mes deberá volver a decidir hasta dónde está dispuesto a avanzar. Octubre sigue siendo, pese a todo, el mes que hay que mirar.

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