La «cuestión» saharaui ha regresado con fuerza al debate político español y seguirá allí, al menos, hasta la votación sobre la nacionalidad del próximo 10 de septiembre. Pero el movimiento no se limita a Madrid: mientras en España se discute cómo hablar del Sáhara Occidental y qué responsabilidad conserva el Estado con los saharauis, el Frente POLISARIO intenta fijar desde su propio terreno qué puede negociarse después de la Resolución 2797 y qué no.

5 de septiembre de 2026 · NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL

El Congreso dejó esta semana una imagen mucho más compleja de la que ofrecía inicialmente la comparecencia de Pedro Sánchez sobre Ceuta. El Sáhara Occidental no figuraba como asunto central, pero acabó recorriendo buena parte del debate: Sumar habló del pueblo saharaui y del derecho internacional; EH Bildu de autodeterminación; el BNG de ocupación; el PNV recordó la Marcha Verde y al Frente POLISARIO; ERC cuestionó la credibilidad de la política española hacia Marruecos. Cuando Sánchez respondió, sin embargo, escogió otro vocabulario: autonomía dentro de Marruecos, solución política, conflicto, zona y ayuda humanitaria. El pueblo saharaui estuvo en el Congreso; quien no lo nombró al explicar su política fue el presidente del Gobierno.

Ese debate no se cierra con Ceuta. El próximo 10 de septiembre el Congreso deberá votar el dictamen de la proposición de ley sobre nacionalidad española para los saharauis nacidos bajo administración española y, en determinadas condiciones, sus descendientes. Conviene no convertir esa votación en una simple derivada de la crisis con Marruecos ni únicamente en un examen para PSOE o PP. El propio texto parlamentario reconoce una “profunda vinculación” histórica entre España y el Sáhara Occidental y pretende armonizar respuestas jurídicas que durante décadas han sido dispersas. El dictamen contempla, entre otras pruebas, antiguos DNI españoles, documentación de nacimiento, libros de familia y registros relacionados con el censo saharaui.

Mientras España vuelve a encontrarse con las consecuencias de su propia historia en el Sáhara Occidental, la dirección saharaui mira hacia otra parte del tablero. Brahim Ghali ha aprovechado la décima sesión ordinaria del Secretariado Nacional del Frente POLISARIO para situar la etapa abierta después de la Resolución 2797. El mensaje no es el rechazo a negociar: Ghali confirmó la participación del POLISARIO en contactos consultivos celebrados este año y defendió su disposición a continuar el proceso político. La frontera que establece es otra: ninguna negociación puede terminar haciendo desaparecer al pueblo saharaui como sujeto del proceso ni su derecho a la autodeterminación.

Ahí empiezan a encontrarse dos conversaciones que aparentemente discurren por separado. En Madrid vuelve a discutirse qué debe España a quienes nacieron bajo su administración y qué queda de la política inaugurada en 2022. En el escenario internacional se intenta determinar hasta dónde puede llevar la nueva centralidad concedida a la propuesta marroquí de autonomía. Y entre ambas permanece la misma cuestión: si el futuro del Sáhara Occidental va a decidirse hablando con el pueblo saharaui o construyendo progresivamente una solución en la que ese pueblo aparezca cada vez menos.

Quizá esa sea la clave informativa de estos primeros días de septiembre. El Sáhara Occidental vuelve a ocupar espacio —en el Congreso, en Naciones Unidas, en la dirección del POLISARIO y en los próximos debates parlamentarios—, pero estar presente no es lo mismo que ser reconocido como sujeto. Durante los próximos días habrá que observar no solo qué decisiones se toman, sino también quién aparece cuando se habla de ellas. Porque autonomía, nacionalidad, negociación o ayuda humanitaria pueden significar cosas muy distintas dependiendo de si el pueblo saharaui ocupa el centro de la frase o vuelve a quedar fuera.

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