Mientras la atención internacional sigue concentrada en la desaparición de la MINURSO y la próxima reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, el Parlamento Europeo ha acogido dos jornadas dedicadas al Sáhara Occidental. La presencia de Aminatu Haidar, las intervenciones de representantes saharauis y la presentación de un informe sobre el denominado «turismo de ocupación» han devuelto al debate europeo cuestiones que ninguna votación del Consejo de Seguridad ha resuelto: los derechos humanos, la explotación económica del territorio ocupado y las responsabilidades de España y de la Unión Europea.
Los días 3 y 4 de noviembre, el grupo de eurodiputados Amigos del Sáhara Occidental ha organizado en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas, las jornadas «Sáhara Libre», con participación de representantes del Frente POLISARIO, parlamentarios, investigadores y defensores de los derechos humanos. La iniciativa coincide con el 51.º aniversario de los Acuerdos de Madrid de noviembre de 1975 y con una situación internacional especialmente delicada después de que el Consejo de Seguridad no consiguiera renovar el mandato de la MINURSO. Aunque se trata de actividades promovidas por un grupo parlamentario y no de una posición institucional del Parlamento Europeo, su celebración mantiene abierta una discusión que afecta directamente a las políticas de la Unión Europea.
Uno de los momentos centrales fue la proyección de Aminatou, documental dirigido por Lucía Muñoz sobre la experiencia de Aminatu Haidar y su huelga de hambre de 2009, después de ser expulsada del Sáhara Occidental y trasladada a Lanzarote. En su intervención, la defensora saharaui de los derechos humanos recordó que su historia personal forma parte de una experiencia colectiva marcada por la ocupación, las desapariciones forzadas, la represión y el exilio. También denunció la situación de los presos políticos saharauis, las restricciones impuestas a los observadores internacionales y las consecuencias de la desaparición de la MINURSO para una población que continúa sin mecanismos suficientes de protección.
La segunda jornada amplió el debate a las responsabilidades políticas y jurídicas de Europa, 51 años después de los Acuerdos de Madrid. Representantes saharauis como Abdulah Arabi y Oubi Bouchraya Bachir participaron en las sesiones dedicadas a la situación actual del territorio. La cuestión española ocupa un lugar inevitable en esta reflexión. España fue la potencia colonial del Sáhara Occidental y mantiene una relación política privilegiada con Marruecos, pero el giro de su Gobierno en 2022 hacia la propuesta marroquí de autonomía no ha eliminado sus responsabilidades históricas ni la necesidad de explicar cómo entiende hoy el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Esa pregunta adquiere mayor actualidad cuando todavía no se conoce una posición pública específica del Ejecutivo español sobre la desaparición de la MINURSO.
El programa incluyó además la presentación del informe «Turismo de ocupación», dedicado a examinar el papel de las actividades turísticas en la consolidación del control marroquí sobre el Sáhara Occidental. Hasta ahora, buena parte de la atención europea se ha concentrado en la pesca, los fosfatos y los acuerdos comerciales, especialmente después de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de octubre de 2024. Sin embargo, el turismo también plantea interrogantes sobre la utilización económica del territorio, la participación de empresas extranjeras y la presentación de las ciudades saharauis ocupadas como destinos integrados en Marruecos. El informe introduce así una dimensión menos conocida de una cuestión que no puede separarse del consentimiento del pueblo saharaui sobre las actividades que afectan a su territorio.
Las jornadas de Bruselas recuerdan que la responsabilidad internacional respecto al Sáhara Occidental no termina en Naciones Unidas. La desaparición de la MINURSO deja un vacío importante sobre el terreno, pero la Unión Europea conserva sus propias obligaciones jurídicas y políticas. Sus instituciones deben responder a las sentencias de los tribunales europeos, a las denuncias sobre los derechos humanos y a las consecuencias de sus relaciones económicas con Marruecos. Mientras la Asamblea General se prepara para debatir el veto del 30 de octubre, las preguntas planteadas en Bruselas siguen abiertas: qué lugar ocupa el pueblo saharaui en las decisiones que afectan a su territorio, cómo evitar que las actividades económicas contribuyan a consolidar la ocupación y qué responsabilidades están dispuestos a asumir España y sus socios europeos.
El cierre de la MINURSO no ha hecho desaparecer ninguna de estas cuestiones. Al contrario, obliga a mirar con mayor atención lo que sucede fuera del Consejo de Seguridad. Bruselas no puede sustituir el proceso de descolonización pendiente, pero tampoco puede comportarse como si sus decisiones comerciales, económicas y políticas fueran ajenas al futuro del Sáhara Occidental.
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