
El Frente POLISARIO ha presentado una reclamación administrativa ante el Ministerio de Transportes para exigir la anulación de las autorizaciones concedidas a Ryanair para operar entre Madrid y Dajla, en el Sáhara Occidental ocupado. La iniciativa sitúa al Gobierno español ante una decisión concreta: mantener una conexión aérea cuya cobertura jurídica está cuestionada o atender la petición de quienes representan al pueblo saharaui.
El lunes 16 de noviembre, Abdellahi Arabi, representante del Frente POLISARIO en España, y el abogado Jacinto Lara, acompañados por el exdiputado europeo Miguel Urbán, acudieron al Ministerio para presentar la reclamación. La actuación llega cuando se aproxima la renovación de los permisos de la ruta y abre la posibilidad de acudir a los tribunales si la Administración no atiende la solicitud.
La cuestión no es únicamente si Ryanair puede vender billetes para viajar a Dajla. El Tribunal General de la Unión Europea estableció en 2018 que el acuerdo de aviación entre la UE y Marruecos no se aplica al Sáhara Occidental. La Comisión Europea recordó posteriormente esa exclusión a las aerolíneas. Sin embargo, la conexión Madrid-Dajla continúa operando, como si la ciudad ocupada formara parte del territorio marroquí.
Tampoco estamos ante una decisión que corresponda exclusivamente a una empresa privada. Las autoridades españolas intervienen en las autorizaciones administrativas y ENAIRE presta servicios de navegación aérea sobre el Sáhara Occidental. Por eso la reclamación se dirige a Transportes: España debe explicar qué fundamento jurídico permite mantener esos vuelos. No basta con presentar la conexión aérea como una oportunidad turística mientras se ignora el estatuto internacional del territorio.
El turismo se ha convertido en otro instrumento para normalizar la ocupación. Los vuelos, los hoteles y las campañas publicitarias presentan Dajla como un destino marroquí, dejando fuera de la imagen al pueblo saharaui y su derecho a decidir sobre el futuro del territorio. No se trata de impedir los viajes, sino de evitar que una actividad comercial sirva para consolidar hechos consumados.
Ahora la pregunta es sencilla: ¿permitirá el Gobierno español que Ryanair siga volando a Dajla sin resolver las objeciones jurídicas planteadas? La reclamación está presentada. Corresponde a Transportes responder. Y esa respuesta dirá mucho sobre la disposición de España a respetar, también en sus decisiones administrativas, el estatuto diferenciado del Sáhara Occidental.
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