Pedro Sánchez ha definido lo ocurrido en Ceuta como una «violación y un ataque a la integridad territorial de España». La expresión cambia necesariamente la lectura de la crisis y deja una pregunta que el Gobierno no debería eludir: si España fue atacada, ¿quién fue el responsable?

Por Carlos C. García

Pedro Sánchez ha utilizado una expresión que obliga a mirar lo ocurrido en Ceuta desde una perspectiva distinta a la de una simple crisis migratoria. En su comparecencia habló de una «violación y un ataque a la integridad territorial de España». Son palabras suficientemente graves como para que no puedan quedar después reducidas a referencias genéricas a las mafias, las redes sociales o la desesperación de miles de jóvenes marroquíes.

Si el presidente del Gobierno considera que España ha sufrido un ataque contra su integridad territorial, la pregunta resulta inevitable: ¿quién fue responsable? No es una cuestión semántica. Hablar de ataque significa reconocer que detrás de lo sucedido existe algo más que una suma de decisiones individuales y obliga, al menos políticamente, a identificar quién tenía capacidad para permitir que una presión de semejante magnitud se produjera en una de las fronteras más sensibles de Marruecos.

Las mafias pueden aprovechar la desesperación y organizar desplazamientos, pero no deciden el grado de vigilancia que las autoridades marroquíes ejercen sobre la frontera con Ceuta. Eso corresponde a Marruecos. España lo sabe porque ya comprobó en mayo de 2021 hasta qué punto Rabat puede convertir el control migratorio en un instrumento de presión cuando las relaciones entre ambos países atraviesan una crisis.

No hace falta sostener que cada joven recibió una orden ni que cada movimiento fue dirigido desde un despacho. La cuestión política es mucho más sencilla: ¿qué Estado dispone de los medios para impedir o permitir que una situación así alcance semejante dimensión? La respuesta conduce inevitablemente a Marruecos.

El jurista y diplomático saharaui Mohamed Zrug planteaba ayer esta misma pregunta desde el derecho internacional. Su reflexión merece ser leída: cuando un Estado afirma que su integridad territorial ha sido vulnerada, no puede mantener indefinidamente indeterminada la identidad del sujeto al que atribuye esa vulneración.

Pero existe además una contradicción política que España debería afrontar. El giro de Pedro Sánchez de marzo de 2022 sobre el Sáhara Occidental fue presentado como el inicio de una nueva etapa de estabilidad, confianza y cooperación con Marruecos. Cuatro años después, Ceuta demuestra que aquella decisión no eliminó las herramientas de presión de Rabat. Ceder ante una presión no hace desaparecer el instrumento utilizado para ejercerla.

Por eso las palabras de Sánchez importan. Si lo ocurrido fue únicamente una crisis migratoria, el Gobierno tendrá que explicar por qué habló de un «ataque a la integridad territorial de España». Y si realmente considera que hubo un ataque, debe completar el razonamiento y decir quién fue responsable.

Quizá lo más preocupante no sea que el Gobierno desconozca la respuesta, sino que la conozca perfectamente y considere políticamente inconveniente pronunciarla en voz alta.