En 2022, el presidente vinculó su nueva política hacia Marruecos con la estabilidad y la seguridad de Ceuta y Melilla. Cuatro años después, la crisis obliga a revisar aquella apuesta.
Carlos C. Cristóbal
Pedro Sánchez comparecerá el próximo 3 de septiembre ante el Congreso de los Diputados para explicar la actuación del Gobierno durante la crisis de Ceuta. La comparecencia, inicialmente planteada para el día 9, se ha adelantado después de que varios grupos reclamaran explicaciones más urgentes sobre lo ocurrido desde la entrada masiva de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos el pasado 30 de julio.
El presidente tendrá mucho de qué hablar. Tendrá que explicar qué sabía el Gobierno, cómo reaccionaron las distintas administraciones, por qué existen versiones diferentes dentro del propio Ejecutivo sobre los avisos previos del CNI y qué balance hace de una respuesta que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido públicamente que llegó tarde y fue insuficiente. La crisis migratoria, la situación humanitaria y las medidas adoptadas en Ceuta ocuparán previsiblemente buena parte de la intervención.
Hay, sin embargo, otra pregunta que difícilmente aparecerá en primer plano y que para NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL resulta imposible separar del debate: ¿qué queda de la política hacia Marruecos que Pedro Sánchez defendió en 2022 precisamente como garantía de estabilidad y seguridad para Ceuta y Melilla?
La relación no la establecemos ahora nosotros. La estableció el propio presidente del Gobierno.
El 30 de marzo de 2022, cuando Sánchez compareció ante el Congreso para explicar la nueva etapa abierta con Rabat después de su carta a Mohamed VI, defendió expresamente el camino emprendido como el de la «estabilidad, la prosperidad y la seguridad» de España y de Ceuta y Melilla. Recordó entonces la crisis fronteriza de mayo de 2021 y presentó la recomposición de las relaciones con Marruecos como la respuesta a una situación que España necesitaba superar.
Y casi inmediatamente después abordó el asunto que había provocado la mayor controversia de aquella nueva política: el Sáhara Occidental. Sánchez reiteró ante la Cámara que España consideraba la propuesta marroquí de autonomía de 2007 como la «base más seria, creíble y realista» para resolver la cuestión. No eran dos debates colocados accidentalmente uno junto al otro. La nueva posición española sobre el Sáhara formaba parte de una recomposición global de las relaciones con Marruecos cuyos beneficios para España se explicaban también en términos de seguridad, estabilidad y normalidad fronteriza.
Cuatro años después, Ceuta vuelve a obligar a examinar aquella apuesta.
No existen pruebas públicas suficientes para afirmar que las autoridades marroquíes organizaron la entrada masiva del 30 de julio y no necesitamos convertir esa sospecha en una certeza para plantear el problema político. Lo que sí sabemos es que una crisis extraordinaria volvió a producirse en la frontera con Marruecos y que el episodio ha dejado al descubierto discrepancias en el Gobierno sobre la información previa disponible. Mientras Robles sostiene que existieron advertencias de Inteligencia, Interior niega que hubiera una alerta capaz de anticipar una entrada de semejante magnitud.
A ello se añade un elemento difícil de encajar con el relato de una relación bilateral definitivamente estabilizada. Hace apenas unos días, el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, volvió a reivindicar los supuestos «derechos históricos y geográficos» de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y pidió abrir un diálogo para alcanzar una «solución definitiva» sobre ambas ciudades. España respondió rechazando esas pretensiones de soberanía.
Nada de esto convierte Ceuta y el Sáhara Occidental en situaciones jurídicamente comparables. No lo son. Ceuta es territorio español y el Sáhara Occidental continúa inscrito por Naciones Unidas como territorio no autónomo pendiente de descolonización. Pero esa diferencia jurídica no elimina una cuestión política elemental: el Gobierno español justificó en 2022 su cambio de posición sobre el Sáhara también dentro de una estrategia que debía proporcionar una relación más estable con Marruecos.
Por eso Sánchez puede comparecer el 3 de septiembre y hablar exclusivamente de inmigración, seguridad, coordinación institucional, menores, devoluciones o actuación de los servicios de inteligencia. Todas esas explicaciones son necesarias. Pero si el análisis termina ahí, quedará sin responder una pregunta más incómoda: qué balance hace el presidente de una política hacia Marruecos que él mismo presentó hace cuatro años como una inversión en la seguridad de Ceuta y Melilla.
El Sáhara Occidental quizá no aparezca escrito en las páginas de la intervención que Sánchez lleve preparada al Congreso. No hace falta anticiparlo. Lo importante es que seguirá estando detrás de una parte fundamental de la pregunta.
Porque en 2022 España modificó una posición mantenida durante décadas sobre un territorio pendiente de descolonización y el Gobierno defendió aquel movimiento por los beneficios que debía proporcionar a la relación con Rabat. Si esos beneficios formaron parte de la justificación, también pueden formar parte ahora del balance.
Ceuta lleva de nuevo a Pedro Sánchez al Congreso. Y cuatro años después del giro español, la pregunta incómoda sigue siendo qué obtuvo España a cambio de su nueva posición sobre el Sáhara Occidental y hasta qué punto aquella apuesta proporcionó la estabilidad que se nos prometió.