Tres semanas después de la entrada masiva de decenas de miles de personas en Ceuta, la crisis ya no puede contemplarse únicamente como un episodio migratorio. A la emergencia humanitaria que continúa sobre el terreno se han añadido las dificultades para gestionar las devoluciones, el endurecimiento del discurso político y, finalmente, una nueva reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla que ha obligado al Gobierno español a responder por la vía diplomática.

El último movimiento llegó este viernes. El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, volvió a defender los supuestos «derechos históricos y geográficos» de Marruecos sobre las dos ciudades españolas y planteó la creación de un espacio de diálogo con Madrid para buscar una «solución definitiva» que permita su «retorno al seno de la patria». España respondió horas después trasladando oficialmente a Rabat su «rechazo tajante» y recordando que Ceuta y Melilla forman parte de la soberanía española y del territorio de la Unión Europea.

La secuencia resulta difícil de separar de lo ocurrido desde el 30 de julio. La entrada masiva desde territorio marroquí desbordó Ceuta y dejó una tragedia humana cuya dimensión continúa conociéndose. Human Rights Watch advertía este viernes de que miles de migrantes y solicitantes de asilo siguen en una situación precaria, sin alojamiento adecuado y con dificultades para acceder a procedimientos individualizados de protección. La organización recuerda además que España está obligada a garantizar el acceso al asilo y a evitar expulsiones colectivas.

También ha cambiado el tono político. Izquierda Unida lleva días calificando lo sucedido como un «ataque híbrido» y reclama una respuesta más firme del Gobierno. Tras las nuevas declaraciones de Ouahbi, Enrique Santiago ha sido rotundo: sobre la soberanía de Ceuta y Melilla «no hay nada que mediar». Es una interpretación política, no un hecho demostrado sobre la organización de la entrada masiva, pero muestra hasta qué punto ha cambiado el debate español alrededor de Marruecos.

Y vuelve a aparecer el Sáhara Occidental

Para quienes seguimos el Sáhara Occidental, hay una pregunta inevitable. En marzo de 2022 Pedro Sánchez modificó la posición española y respaldó la propuesta marroquí de autonomía como la opción «más seria, realista y creíble». Aquel giro se presentó como el comienzo de una nueva etapa con Marruecos, destinada entre otras cosas a recuperar una relación estable y una cooperación eficaz en materia migratoria.

Cuatro años después, el Sáhara Occidental sigue ocupado y pendiente de descolonización, mientras la estabilidad que debía acompañar aquella decisión demuestra tener límites evidentes. España puede respaldar la propuesta marroquí para el territorio saharaui, pero eso no ha hecho desaparecer las reivindicaciones de Rabat sobre Ceuta y Melilla, ni ha eliminado la enorme dependencia española de la cooperación marroquí para controlar la frontera.

Ese es quizá el dato político más importante del momento. No hace falta demostrar que Marruecos organizó la entrada del 30 de julio para constatar algo mucho más sencillo: España continúa dependiendo de decisiones adoptadas al otro lado de una frontera cuya estabilidad no controla. Cuando esa cooperación funciona, Madrid la celebra; cuando deja de funcionar, Ceuta soporta las consecuencias.

Y entretanto aparece una contradicción cada vez más incómoda. España responde ahora que la integridad territorial, la soberanía reconocida internacionalmente y la pertenencia de Ceuta y Melilla a España no son negociables. Precisamente el lenguaje del derecho internacional vuelve así al primer plano.

En el Sáhara Occidental también existe un marco jurídico internacional. Allí, sin embargo, España decidió en 2022 acercarse a la posición de la potencia ocupante.

La crisis de Ceuta no resuelve el conflicto del Sáhara Occidental. Pero sí obliga a preguntarse qué compró realmente España con aquel giro y cuánto dura la estabilidad cuando depende de que Marruecos decida mantenerla.