La formación considera «intolerable» la actuación del Gobierno marroquí y afirma que utilizó seres humanos para presionar a España. El comunicado, sin embargo, no plantea qué consecuencias debería tener esa acusación para la política española hacia Rabat ni menciona el giro sobre el Sáhara Occidental.

Movimiento Sumar ha dado un paso que no conviene minimizar. En un comunicado sobre la situación de Ceuta, la formación atribuye directamente al Gobierno marroquí una actuación «absolutamente intencionada», sostiene que se han utilizado seres humanos como «moneda de cambio» para hacer política y presionar al Gobierno de España y concluye que se trata de una actuación «intolerable» que «no puede quedar impune».

La acusación es suficientemente grave como para detenerse en ella. Sumar no está hablando simplemente de una pérdida de control fronterizo, de la actuación de las mafias o de movimientos espontáneos de población. Está señalando una utilización deliberada de la presión migratoria con una finalidad política. Europa Press ha recogido este lunes el comunicado precisamente destacando esa acusación contra Marruecos.

El problema aparece cuando se intenta averiguar qué significa políticamente que una actuación de estas características «no puede quedar impune». El comunicado no pide revisar las relaciones con Rabat, no plantea qué consecuencias debería asumir el Gobierno marroquí y tampoco cuestiona el modelo de relación construido por España durante los últimos años sobre la idea de que una cooperación cada vez más estrecha garantizaría estabilidad y control de las fronteras.

En cambio, buena parte del texto se dirige posteriormente hacia la respuesta humanitaria, las políticas europeas de externalización de fronteras y las críticas a PP y Vox por su tratamiento de la población migrante. Son cuestiones legítimas y necesarias, especialmente cuando están en juego vidas humanas y derechos fundamentales, pero no responden a la pregunta que el propio comunicado acaba de abrir: ¿qué debe hacer España si una fuerza política que forma parte de la mayoría gubernamental considera que un Estado vecino ha provocado deliberadamente una crisis para presionarla?

Y en ese razonamiento existe una ausencia especialmente llamativa: el Sáhara Occidental.

No porque toda crisis entre España y Marruecos tenga que explicarse necesariamente a través del Sáhara. Pero resulta difícil analizar la política española hacia Rabat sin recordar que en marzo de 2022 el Gobierno español modificó una posición mantenida durante décadas y respaldó la propuesta marroquí de autonomía para el territorio pendiente de descolonización. Aquel giro fue presentado precisamente como el comienzo de una nueva etapa basada en la confianza, la estabilidad y la cooperación entre ambos países.

Cuatro años después, si Sumar sostiene que el Gobierno marroquí utiliza conscientemente seres humanos para ejercer presión política sobre España, resulta inevitable preguntarse qué queda de aquella promesa de estabilidad y qué balance hace la propia formación de una política exterior de la que el Sáhara Occidental ha sido uno de los elementos fundamentales.

El comunicado acierta al poner el foco tanto en la eventual responsabilidad política de Rabat como en los derechos de quienes han quedado atrapados en esta crisis. Pero la contundencia de su diagnóstico contrasta con la prudencia de las consecuencias que extrae de él. Decir que una actuación de un Gobierno extranjero contra España ha sido «absolutamente intencionada» y que «no puede quedar impune» exige algo más que denunciarla.

También exige preguntarse qué relación quiere mantener España con Marruecos y si las concesiones realizadas durante estos años han producido realmente la estabilidad que prometían. Y en esa discusión, por mucho que vuelva a quedar fuera del comunicado, el Sáhara Occidental continúa estando ahí.

Fuente: comunicado de Movimiento Sumar y Europa Press, 24 de agosto de 2026.