El grupo parlamentario Sumar ha instado al PSOE a reactivar la tramitación de la proposición de ley que permitiría conceder la nacionalidad española a las personas saharauis nacidas antes del 26 de febrero de 1976, cuando el Sáhara Occidental aún estaba bajo soberanía española. La iniciativa, admitida a trámite hace un año en el Congreso con el único voto en contra de los socialistas, permanece desde hace seis meses bloqueada en la Comisión de Justicia.

La propuesta contempla otorgar la nacionalidad por carta de naturaleza, figura recogida en el artículo 21 del Código Civil que permite al Gobierno concederla mediante real decreto cuando concurren circunstancias excepcionales. El objetivo es reconocer el vínculo jurídico existente con quienes nacieron en el territorio durante el periodo colonial español, antes de la retirada de 1976.

El texto establece diferentes vías de acreditación, entre ellas la presentación de un DNI español verificable, la inscripción en el censo elaborado por Naciones Unidas para el referéndum de autodeterminación o certificados de nacimiento expedidos en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, legalizados por la representación del Frente Polisario en España. Durante la fase de enmiendas, el PSOE planteó modificaciones relativas al reconocimiento de determinados documentos, mientras que Sumar propuso ampliar el alcance de los posibles beneficiarios.

La diputada Tesh Sidi, impulsora de la iniciativa, ha reclamado que se convoque la ponencia en la Comisión de Justicia para debatir las enmiendas ya registradas y evitar que la proposición continúe paralizada.

Pero el debate de fondo no es técnico, sino político. El Sáhara Occidental sigue inscrito en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización de Naciones Unidas, y la salida española de 1976 no extinguió por sí sola las obligaciones derivadas de su condición de potencia administradora. Bloquear esta ley no es una cuestión procedimental menor: significa mantener en una indefinición jurídica a personas que nacieron bajo soberanía española y cuyo vínculo con el Estado fue interrumpido por una descolonización inconclusa. Reconocer su nacionalidad no sería un gesto simbólico, sino una asunción concreta de responsabilidad histórica y jurídica por parte del Estado español.