El artículo de Taleb Alisalem publicado en The Epoch Times España introduce una advertencia necesaria en el debate sobre la Ley de Nacionalidad Saharaui. Su tesis aparece ya en el propio título: “La nacionalidad no es la reparación” y “La descolonización sí lo es”.
El artículo de Taleb Alisalem publicado en The Epoch Times España introduce una advertencia necesaria en el debate sobre la Ley de Nacionalidad Saharaui. Su tesis aparece ya en el propio título: “La nacionalidad no es la reparación” y “La descolonización sí lo es”.El texto no niega que la ley pueda tener efectos positivos para muchas personas saharauis. Al contrario, reconoce que miles de familias podrían mejorar su situación administrativa, acceder a derechos y salir de una incertidumbre jurídica arrastrada durante décadas. Pero Alisalem separa con claridad ese posible beneficio individual del problema político de fondo: la deuda histórica de España con el Sáhara Occidental no se resuelve únicamente mediante la entrega de pasaportes.
La aportación central del artículo es precisamente esa distinción. Una cosa es reconocer derechos administrativos a saharauis nacidos bajo administración española y a sus descendientes, y otra muy distinta presentar esa medida como reparación histórica. Para Alisalem, la reparación exige culminar la descolonización pendiente, garantizar el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro y permitir que los saharauis puedan vivir en su propia tierra, con instituciones propias y control sobre sus recursos.
El autor también expresa una desconfianza política hacia el momento y el contexto en que llega esta iniciativa. Recuerda que la ley aparece después del giro del Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2022, cuando España asumió el plan marroquí de autonomía como base de su nueva posición sobre el Sáhara Occidental. Por eso advierte que no conviene analizar la medida de forma aislada ni desligarla de la política española hacia Marruecos y hacia la causa saharaui.
Alisalem no presenta sus dudas como una conclusión cerrada. De hecho, escribe: “No tengo una respuesta definitiva”. Pero sí formula una pregunta política relevante: si la nacionalidad facilita que parte de la población saharaui construya su futuro fuera de su tierra, ¿podría tener también efectos demográficos indirectos favorables a la potencia ocupante? No lo afirma como objetivo de la ley, pero considera irresponsable no plantearlo en un conflicto donde la demografía ha sido utilizada durante décadas como instrumento político.
La frase más potente del texto resume bien su advertencia: “el objetivo de un pueblo es no necesitar el exilio”. Esa idea ayuda a situar el debate en su justo lugar. La nacionalidad puede ser útil, incluso necesaria, para muchas personas saharauis. Pero no sustituye la autodeterminación, ni la descolonización, ni la responsabilidad pendiente de España.
Por eso esta lectura resulta oportuna en pleno debate parlamentario. No para rechazar una ley que puede mejorar vidas concretas, sino para impedir que sea presentada como cierre de una deuda histórica que sigue abierta. La nacionalidad puede reparar papeles. La reparación histórica sigue siendo la libertad del pueblo saharaui en su propia tierra.